Como lo adelantó el primer paro empresario de la historia argentina el 16 de febrero de 1976, lockout convocado por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, Apege –integrada, entre otros, por la Sociedad Rural, Carbap, la Cámara Argentina de la Construcción, la de Comercio, los exportadores y la Asociación de Bancos–, contra el debilitado gobierno de María Estela Martínez de Perón, resulta difícil separar los sectores que apoyaron el golpe del 24 de marzo de los que no. El empresariado, al igual que buena parte de la sociedad, acompañó mayoritariamente el derrocamiento del gobierno constitucional. Sin embargo, existen algunos datos concretos que encuentran a la Sociedad Rural y a Carbap en actitudes militantes a favor del bando de los uniformados. Dentro de la lógica de los ruralistas, razones no faltaron. El gobierno que asumió en 1973 había intentado, aunque sin éxito, establecer un impuesto a la “renta normal potencial de la tierra” e incluso amenazó con expropiar las tierras improductivas para reasignarlas a cooperativas de trabajadores. Fue en medio de un debate en el que, como recuerda el especialista Osvaldo Barsky, se argumentaba sobre el estancamiento de la agricultura pampeana. Pero lo que estaba en juego era, en realidad, el viejo problema de la restricción externa del modelo de industrialización sustitutiva.

El primer peronismo había sufrido en carne propia la restricción de divisas provocada por las menores exportaciones del agro y se pretendía que esto no vuelva a suceder. Dentro de la coalición gobernante, también se encontraban quienes pensaban que el camino para evitar tal restricción era aumentar las exportaciones industriales. En tanto que uno de los últimos ministros de Economía de Isabel, Antonio Cafiero, secundado por un joven Guido Di Tella, optó por la vía del crédito externo, lo que, FMI mediante, sería la norma en los años venideros.

Volviendo al campo, los empresarios rurales se oponían a que el excedente sectorial se destine a financiar la industrialización, algo irracional si, como se afirmaba, su producción estaba estancada. Pero aunque el impuesto con una alícuota mayor para los que produjesen por debajo de la renta “normal” finalmente no se aprobó, sí se elevaron las retenciones hasta alrededor del 45 por ciento, un punto que los grandes terratenientes no olvidarían.

A pesar de haberse comprometido con el ministro José Ber Gelbard en 1973 a duplicar la producción en seis años, en los dos subsiguientes los resultados fueron desfavorables, una situación que en el Balance de Pagos se agravó por la baja de los precios internacionales. A ello se sumaron, en el frente pecuario, los sucesivos paros ganaderos motorizados por Carbap que, con retención de animales en los campos, contribuyeron a exacerbar la realentada inflación.

En una solicitada aparecida en el diario Clarín de 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario del golpe, la SRA se expresaba sin tapujos. Luego de considerar la asonada militar como un “fausto acontecimiento”, los ruralistas afirmaban que “las Fuerzas Armadas debieron por fuerza y en contra de sus propios deseos llenar un vacío de poder. La lucha contra la subversión ha sido llenada con alto valor y éxito creciente. Se han puesto en marcha las acciones que conducen a la Argentina a un destino de orden, progreso y felicidad”.

Solicitadas de tono similar aparecieron todos los años al menos hasta 1980. A un año del golpe había razones para festejar, un hijo dilecto de la entidad, José Alfredo Martínez de Hoz, conducía ahora los destinos de la economía. Entre sus primeras medidas se contó la reducción progresiva de las retenciones hasta su eliminación total en 1978 y la reducción de la injerencia estatal en la comercialización de la producción.