El balance de las últimas semanas podría ser “buenas y malas noticias para el sector tabacalero”. Las malas son las conocidas de siempre: el mundo estaría dejando de fumar y a pesar de la permeabilidad al lobby de los poderes legislativos, las leyes antitabaco avanzan, no sólo en la Capital. Las buenas son que a principios de septiembre logró abrirse el gigantesco mercado chino, que importa anualmente más de 300 millones de dólares de tabaco, lo que brindaría la oportunidad de compensar la caída tendencial de la demanda interna. De hecho fue la orientación a la exportación la que motivó el incremento de la producción local en las últimas campañas. La pregunta es qué efectos tendrán estos movimientos de la demanda en los heterogéneos circuitos tabacaleros de las provincias de Misiones, Tucumán, Salta y Jujuy, las principales productoras con más del 90 por ciento del total nacional.

El Estado impulsa el Proyecto de Reconversión de Areas Tabacaleras (PRAT) que se financia con el Fondo Especial del Tabaco (FET), al que se destina el 7 por ciento del costo de cada paquete de cigarrillos. En lo relativo a la producción primaria, el PRAT apunta a la reconversión hacia variedades más rentables, ecológicas y que afecten menos la salud humana y también a la diversificación. Pero la principal función del FET es subsidiar los precios que reciben los productores primarios. El apoyo estatal para continuar la actividad se justificaría, según fuentes de la Secretaría de Agricultura, en que a pesar de los cambios tecnológicos, la tabacalera sigue siendo una producción mano de obra intensiva, con impacto en los mercados laborales de las provincias productoras. Mientras que los cultivos tradicionales insumen de 0,19 a 0,44 jornales por hectárea, el tabaco demanda 130 jornales. Otros cultivos intensivos, como el algodón y la caña de azúcar, demandan 28 y 65 jornales, respectivamente. Además, de acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, de las alrededor de 80 mil hectáreas cultivadas, más de la mitad corresponde a parcelas de pequeños productores que no superan las 10 hectáreas, lo que explica que el 60 por ciento del trabajo total empleado sea asalariado y el resto familiar. Si se incluyen las explotaciones de hasta 30 hectáreas, se llega a cerca del 70 por ciento de la producción. Las exportaciones, que en 2005 alcanzaron el nivel más alto de los últimos diez años, estuvieron cerca de las 100 mil toneladas y representaron 220 millones de dólares. En síntesis, hasta ahora, los datos muestran que, a pesar de la leve baja en el consumo interno –1,5 por ciento menos que en 2004– no obstante en torno de los niveles promedio de la última década –1,9 mil millones de atados anuales– el comercio exterior permitió la continuidad del crecimiento del circuito.

Los agentes principales de la producción de tabaco son el productor primario, los acopiadores y la industria tabacalera. Está claro que entre un plantador de 30 hectáreas y una pequeña explotación familiar de subsistencia las distancias son abismales, con una amplia gama de variantes en el medio según se trate de las provincias del NEA o del NOA. El factor que suele unificar la realidad de los productores primarios, explica el investigador del Conicet-Ceur, Ariel García, es la “agricultura de contrato” conducida por los acopiadores que, a su vez, dependen directa o indirectamente de las tabacaleras. Para los pequeños productores menos capitalizados, la ventaja de producir tabaco es que se trata de un cultivo de ciclo anual. A su vez, la agricultura de contrato brinda acceso a los insumos. Cuando llega el momento de la venta de la cosecha, el acopiador resta lo provisto y determina el precio de acuerdo con las variedades entregadas. En el NEA, por ejemplo, el tabaco suele combinarse con cultivos plurianuales como la yerba mate y el té.

El hecho de que la producción de cigarrillos esté monopolizada por sólo dos empresas multinacionales permite predecir que los precios constituyen un problema. De acuerdo con cifras oficiales, en la campaña 2004/2005 el valor global de la producción primaria fue de casi 774 millones de pesos, de los que 217,4 millones fueron aportados por el FET como “Complemento de precio” y el resto abonados por los acopiadores/tabacaleras.

Frente a la ausencia de políticas antimonopolio más efectivas, la estrategia del sector público resulta similar al camino seguido, con resultados dispares, en otros circuitos agroindustriales: sostener precios que deberían ser abonados por el sector privado, una suerte de subsidio a las materias primas vestido de sostén al productor, aparentemente la única medida factible en el actual contexto de relaciones económicas.