Esta semana se hizo pública la información de que a fines del año pasado quien se desempeñaba como director por la provincia de Buenos Aires del Mercado Central de Buenos Aires, Ricardo Angelucci, fue agredido físicamente en su despacho por una patota. También que el funcionario, a raíz de los hechos, decidió renunciar. Aunque la noticia no se convirtió en el escándalo que hubiese ameritado, a lo que contribuyó el bajo perfil elegido por el ahora ex funcionario, reclama profundizar en el funcionamiento de la institución, un mercado frutihortícola mayorista que intermedia alrededor del 50 por ciento de los productos de este tipo comercializados en el área metropolitana.

Fuentes del Mercado consultadas por Cash destacaron que si bien algunos problemas burocráticos y disputas de poder entre los tres gobiernos que conducen el ente –Nación, Ciudad de Buenos Aires y la provincia– retrasaron las transformaciones proyectadas en 2003, la situación se agravó particularmente a partir del intento gubernamental de alinear el comportamiento del Mercado a la política oficial de precios, situación que recrudeció desde noviembre pasado. Entre dicho mes y marzo último se produjo una caída interanual en los ingresos de mercadería de cerca de 51 mil toneladas (actualmente se comercializan algo más de 600 mil), baja que se explica mayoritariamente por las hortalizas. Las dos terceras partes de la reducción en los volúmenes comercializados se registraron en los dos primeros meses.

Aunque lo negativo de la situación surge de manera inmediata por la merma que indican los números, existe un factor cualitativo fundamental: el abastecimiento de frutas es concentrado por grandes empresas, mientras que el de hortalizas se encuentra atomizado. Si las hortalizas pasan a comercializarse por mercados paralelos, la pérdida de fiscalización e ingresos para el Estado es casi total.

En términos administrativos, con ingresos reducidos y gastos crecientes, entre otras causas por la abundancia de nuevos empleados, el rojo de la Corporación del MCBA es de unos 200 mil pesos mensuales. Entre las denuncias de las fuentes consultadas que demandan profundizar la investigación se hace referencia a la extensión de contratos sin justificación ni ajustes de valor.

Pero el punto más crítico se encuentra en la naturaleza que asume la política antiinflacionaria. Los números del MCBA podrían evidenciar los límites de mecanismos de control de precios que afectan a sólo uno de los eslabones de la cadena: el de los productores primarios. El efecto es que mientras sectores altamente concentrados, como los supermercados, refuerzan sus márgenes de utilidad, se envía una señal negativa a la producción. La reducción de la oferta que ya se observa en el Mercado Central no es más que una retroalimentación de aquello que se quería corregir, algo muy similar a lo que sucede en el mercado de la carne. Aunque en este punto existe una diferencia fundamental: el mercado de Liniers fue privatizado en los ‘90, situación a la que el MCBA logró rehuir. Quizá quienes estén más atentos al deterioro que hoy sufre la institución sean precisamente aquellos que siempre se opusieron a que el Estado desarrolle este tipo de mercados, los que en muchas economías desarrolladas funcionan como valederos instrumentos de las políticas públicas de abastecimiento.

Por último, la realidad del MCBA no se limita a los efectos indeseados de algunas políticas económicas. La coacción física de funcionarios de perfil técnico remite indubitablemente a la persistencia de conductas mafiosas, sensación que se refuerza por la presencia activa, a pesar de desvinculaciones formales, de ex integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes en violación de derechos humanos, situación que nadie en el Mercado desconoce.

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