Las compensaciones que otorga el Gobierno para evitar aumentos en los precios de los productos agropecuarios se han vuelto una “papa caliente” al interior de la cadena triguera. En la actualidad, los productores y los molinos son beneficiarios del “subsidio”. Sin embargo, ambos lo resisten. Así se lo hicieron saber al secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, durante las reuniones que tuvieron esta semana en la secretaría. En el campo quieren vender el trigo a precio de mercado y que la compensación recaiga exclusivamente sobre los molinos. La industria, en cambio, dice que no tiene capacidad financiera para convalidar un precio pleno y luego sentarse a esperar el cobro del beneficio. Por lo tanto, pide que se lo asignen al productor. Más allá de los motivos que esgrime cada uno, lo cierto es que para cobrar en la ventanilla estatal hay que estar en regla con la AFIP y vender “en blanco”, algo que no es habitual en la cadena.

La intención del Gobierno es mantener el precio del trigo en 370 pesos por tonelada, para evitar que las fuertes subas registradas en el mercado internacional impacten en los valores de productos sensibles de la canasta como pan, harina y fideos. Para lograrlo creó un Fondo Compensador financiado con un aumento de retenciones a la soja que sirve para subsidiar a molinos y productores. A los primeros les paga la diferencia entre los 370 pesos y el precio de pizarra que recibe el productor (cerca de 420 pesos), mientras que a los segundos les cubre el 85 por ciento de la diferencia entre el precio de pizarra y la cotización internacional, descontadas las retenciones y los costos de puerto y transporte.

Una vez que el productor vende su mercadería se presenta en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) con el formulario 1116 B o C, que certifica la operación, y en aproximadamente 20 días se le deposita la compensación en su cuenta bancaria. El trámite es relativamente sencillo, pero hasta el momento sólo cobraron 216 productores sobre un universo difícil de precisar, pero que involucra a varias decenas de miles (en los últimos días se presentaron cerca de 1500 solicitudes, pero igual sigue siendo un porcentaje bajo). En el caso de los molinos la situación es similar. Se presentaron 28 destinatarios sobre un total que supera cómodamente las 100 empresas.

Muchos productores no gestionaron el beneficio porque vendieron su trigo a los exportadores y en ese caso no corresponde compensación, pues se supone que deberían haber recibido el precio pleno (aunque en los hechos no haya sido así, pues los exportadores pagaron casi lo mismo que los molinos). No obstante, los que pueden cobrar son muchos más de 216, pero no lo hacen porque antes deberían pasar por la AFIP para regularizar su situación. Tampoco les entusiasma el subsidio porque sólo pueden cobrarlo sobre las operaciones que realizan en blanco. La misma explicación le cabe al accionar de los molinos, más allá de que algunos se encuentren efectivamente con dificultades financieras.

Sin duda, ése ha sido uno de los motivos que desalentó los pedidos de compensación. Para los productores es mucho más conveniente vender a precio de mercado y que sea el molino el que tenga que pasar por la AFIP para luego cobrar las compensaciones. A los molinos, en cambio, les conviene que sea exactamente al revés. Ellos quieren pagarle poco al productor y que luego el Estado ponga la diferencia, en lugar de abonar el precio de mercado y luego tener que solicitar la compensación. Por eso el subsidio les quema y hacen lobby para que lo cobre el otro eslabón de la cadena. Ninguno pudo imponer su postura en las reuniones que mantuvieron en Agricultura durante la semana. Por lo tanto, por ahora todo seguirá igual.