Visto desde la óptica del recaudador, el requisito más importante de un impuesto es su cobrabilidad. Más concreto: la facilidad con que puede ser cobrado. Cuestiones como la justicia o equidad contributiva suelen pasar a un segundo plano cuando de lo que se trata es de asegurar márgenes para el erario. En buena medida esto explica que no se avance hacia una estructura impositiva menos recostada en los impuestos al consumo. Los hacedores de política con experiencia conocen el problema. La idea de Domingo Cavallo de establecer el Impuesto a las Transacciones Financieras, por ejemplo, un verdadero “recaudador automático” en un momento de grave contracción económica, fue sin dudas muy efectivo desde la relación instrumento-fines.

Desde esta misma perspectiva, a partir de 2002 resulta impensable una estructura tributaria que prescinda del actual impuesto a las exportaciones, un recaudador tan automático como el ITF y que al igual que este último sólo es posible evitar con informalidad. De los derechos de exportación sólo escapa la porción subfacturada. Dadas las retenciones, entonces, la única función de control del Estado se reduce a mantener la subdeclaración dentro de rangos razonables. Es en este sentido que también puede hablarse de “consensos automáticos”. El administrador de Aduana sabe que no hay un solo precio internacional y que el exportador siempre podrá argumentar variaciones según destinos, calidades, aditivos. Un ejemplo lo brinda el aceite de soja, una de las commodities más relevantes de la canasta de exportaciones local. Mientras los valores FOB se encuentran hoy por encima de los 800 dólares la tonelada, la cotización internacional supera los 900. Estos valores promedio grafican por dónde pasa el consenso automático. Declaraciones FOB de 600 dólares, por ejemplo, estarían fuera de consenso, lo que no quiere decir que en productos más heterogéneos no puedan conseguirse gaps mayores entre blanco y negro.

Al margen de estos avatares, en septiembre último el Indice de Precios de las Materias Primas que elabora en Banco Central se encontraba casi un 42 por ciento por encima de un año antes con un salto del 10 por ciento el último mes (en dólares). Aunque todas las commodities suben, el componente principal lo sigue aportando el campo: la soa y el trigo registran subas interanuales en torno del 67 por ciento y el maíz, el 32 por ciento. Volviendo al conjunto de las materias primas, y suponiendo constantes los precios hasta fin de año –lo que resultará poco probable, pues se espera sigan subiendo– los valores de 2007 quedarán más del 26 por ciento por encima del promedio de 2006 y más del 62 por ciento por encima del promedio de la última década. En los últimos doce meses, el fisco recaudó casi 18.000 millones de pesos en concepto de retenciones. Adicionalmente, en el Presupuesto 2008 se estima un aumento cercano al 30 por ciento en lo recaudado por derechos de exportación.

En este marco, la persistencia de las organizaciones gremiales del sector agropecuario en mantener al tope de los reclamos la eliminación de los derechos de exportación podría evaluarse como una desconexión con la política real. La cuestión no es dejar de reclamar por lo que se considera justo desde la lógica del actor, sino conseguir eficiencia en la relación entre reclamo y logro de objetivos. Lo mismo corre para las demandas de baja de alícuotas. Cuando el problema central de la política económica de corto plazo es la evolución de los precios internos, a la vez que los precios internacionales de las commodities exportadas por el agro y la agroindustria se encuentran en alza violenta, demandar baja de alícuotas es también una muestra de desconexión, otro esfuerzo inútil. Si en cambio el punto de vista se da vuelta y se considera a los reclamos como un grito para evitar un pinchazo adicional, el análisis de este último párrafo se desvanece.

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