Por Susana Díaz

La bandera de remate agita el sueño de los productores agropecuarios. Este lunes vence la última postergación de las ejecuciones hipotecarias que por 90 días había resuelto el Congreso y el campo se encuentra entre los principales amenazados. Se estima que las hectáreas hipotecadas son alrededor de 12 millones. Según cifras de Abappra, en el total del sistema formal existen 17 mil morosos en proceso de ejecución. La imposibilidad de renovar las postergaciones fue acordada con el Fondo Monetario Internacional.
Bancos y prestamistas privados quieren cobrar, ese es su negocio y a primera vista parece justo. Los morosos sostienen que es necesaria una refinanciación que no los deje a merced de los acreedores, con quienes se habrían visto obligados a pactar tasas altísimas en momentos difíciles, uno de los tantos desbarajustes dejados por la convertibilidad y que no fueron resueltos por las generosas transferencias del Estado, como las que recibieron bancos y ahorristas a costa del conjunto de la sociedad.
Los productores agropecuarios argumentan que la devaluación les permitió recuperar la rentabilidad que antes no tenían y que, por lo tanto, ahora pueden y quieren pagar. Sin embargo, muchos de los deudores no son precisamente los vinculados al sector exportador y la relación rentabilidad futura/magnitud del endeudamiento los ubica, desde la perspectiva financiera, en una situación terminal. Y si bien la mayoría de las tierras hipotecadas lo están a favor del Banco Nación, el mismo que el FMI insiste en “abrir a la participación del capital privado”, una porción de los productores tiene deudas por fuera del sistema financiero, situación que complica aun más cualquier reestructuración integral.
Las cifras de los prestamistas privados, realizadas en la mayoría de los casos a través de inmobiliarias y escribanías, son más difíciles de determinar. Según la Asociación de Deudores Argentinos, existirían alrededor de 56 mil deudores, no sólo del campo.
Fuentes del Banco Nación señalaron que es incorrecto pensar en que habrá ejecuciones masivas y que intentarán renegociar “caso por caso”. El dato favorable es que en el último semestre, dada la mejora de la situación sectorial, lograron recuperarse deudas del campo por 600 millones de pesos, por lo que muchos deudores salieron de la calificación de “irrecuperables”. Los eventuales ejecutados, en todo caso, serían los que llevan más de dos años de atrasos. Las entidades agropecuarias no reclaman una moratoria, sino una refinanciación que incluya nuevos mecanismos, tales como las tasas fijadas por el valor de los productos de cada región.