Por Susana Díaz
La caída de exportaciones de peras y manzanas a Brasil fue una nota disonante en el panorama de las exportaciones agropecuarias, entre las que se encuentra la de productos no tradicionales. Y la sorpresa, en este caso, no es sólo porque se trata de las ventas de una de las economías regionales más importantes del país, el Alto Valle del Río Negro, sino también porque el hecho pone al descubierto tanto las mañas del comercio entre los dos principales socios del Mercosur, como las ineficiencias de algunos organismos sanitarios.
Los datos del primer semestre del año mostraron que las 365 mil cajas de manzanas y las 1,1 millón de peras exportadas a Brasil representaron una caída del 50 y del 45 por ciento, respectivamente, en relación a las ventas de 2002. También que las cifras están en sus mínimos históricos. Las razones, íntimamente relacionadas, son el aumento de la producción brasileña y la crisis sanitaria que atraviesa el Alto Valle. Por supuesto que ambas razones se retroalimentan. Fiel a su estilo directo, el embajador de Brasil, José Botafogo Gonçalves, reconoció que “no faltan en los mercados los que buscan bichos para justificar la aplicación de medidas paraarancelarias”. Con lo de “bichos” se refería al problema de la carpocapsa, la cara local de la caída de ventas y el argumento oficial para el cierre parcial del mercado brasileño.
Aunque el sector privado se adaptó rápidamente a la nueva situación redirigiendo las exportaciones hacia otras regiones, como por ejemplo Rusia, el entrevero puso en evidencia los problemas sanitarios de la región. También la ineficiencia de organismos como el Senasa, que si bien contó con abundantes recursos para combatir el flagelo, más de 6 millones de dólares en los últimos seis años, ante el fracaso de su gestión sólo atinó a medidas extremistas como la “sierra sanitaria” sobre los montes infectados, una verdadera parodia del tratamiento aplicado a la epidemia de aftosa. Cabe destacar que otros países productores, como Estados Unidos y Canadá, recurren a un control un poco más sofisticado, aunque infinitamente más barato, el control biológico, que no sólo evita las medidas extremistas, sino también la sobreutilización de plaguicidas. Quizá el punto más absurdo de esta historia sea que la Argentina cuenta, a través del INTA y en conjunto con Chile y Uruguay, con un programa de investigación en la materia que es desdeñado tanto por los empresarios frutícolas como por las autoridades provinciales.