La avanzada política contra el uso de reservas para pagar deuda pública y el cuestionamiento a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, encubren los antecedentes de sectores que hoy luchan, desde la retórica, por “las instituciones”, “el valor de la moneda” o “las reservas de todos los argentinos”, entre otros lugares ya comunes. Esos grupos formaron parte de gobiernos que generaron por acción u omisión descalabros financieros. El contraste con la presente situación desnuda la mayor consistencia del actual esquema macroeconómico a diferencia de los anteriores. La licuación de deudas externas privadas, diversos salvatajes financieros, el endeudamiento crónico, el festival de bonos, la hiperinflación y el divorcio entre la banca y la actividad productiva son los principales episodios hoy “olvidados”. Y muchos de ellos fueron instrumentados “salteando” al Congreso.

Por vía de un decreto simple –sin la necesidad de que sea refrendado por el Parlamento–, el gobierno de Duhalde, con Mario Blejer en el Banco Central, determinó la licuación de las deudas bancarias. El 12 de marzo de 2002 se compensó a las entidades por la devaluación, permitiéndoles acumular ganancias extraordinarias a pagar con recursos públicos corrientes. El Gobierno emitió bonos cuyo canje cada banco solicitó a razón de 1,40 peso por dólar. “Se hizo una donación a los bancos de un insólito seguro de cambio, por el cual no pagaron ninguna prima y se les congeló el precio del dólar a 1,4, cuando al poco tiempo ya estaba en más de tres pesos en la banda de libre flotación”, destaca en un trabajo de 2002 Alfredo Eric Calcagno. La diferencia hoy la sigue pagando el Estado.

Se presenta una oposición firme al pago de la deuda con reservas y vía un decreto presidencial. Sin embargo, bajo el último gobierno radical, en diciembre de 2000 el presidente Fernando de la Rúa decretó el famoso “blindaje” financiero, que con apoyo internacional endeudó al país por unos 40 mil millones de dólares. Meses después, en mayo de 2001 se llevó adelante –mediante otro decreto– el megacanje, que reestructuró el perfil de la deuda en bonos por un monto de 29 mil millones de dólares. Buena parte de esas divisas se fugaron al poco tiempo de concretadas las operaciones y las deudas surgidas se siguen pagando hasta hoy. Esa transacción, además, tenían como objeto sostener un modelo desindustrializador, regresivo e inconsistente como fue la convertibilidad.

Varios legisladores actuales que fueron funcionarios de aquella administración, como Patricia Bullrich o Gerardo Morales, resaltan que el uso de reservas para pagar deuda podría generar inestabilidad, cuando los activos internacionales en poder del Central desciendan a unos 41 mil millones. Las reservas ciertamente no son propiedad del Gobierno, pero tienen relación directa con el modelo económico. A diferencia del sesgo exportador con tipo de cambio competitivo, la Alianza optó por el de la sobrevaluación y destrucción de la industria, que resultó en una baja de 7900 millones de dólares de reservas entre marzo y abril de 2001, con un stock total que llegaba a tan sólo 14.402 millones en agosto.

Producto de tal nivel de agotamiento del modelo, la misma administración, ya con Domingo Cavallo en la principal poltrona de Hacienda, estableció el corralito, con restricciones a los retiros de efectivo de los bancos y los movimientos de capitales. Otra vez mediante un decreto se violó groseramente la siempre citada “seguridad jurídica”, sólo que esta vez la de los pequeños y medianos ahorristas.

Algunos economistas de la city vinculados con partidos de la oposición proponen como alternativa al uso de reservas la colocación de bonos del Tesoro a nivel interno. La política no es novedosa y se remonta a la gestión de José Luis Machinea al frente del BCRA (1986-1989) en el gobierno de Raúl Alfonsín. Según explica Aldo Ferrer, Machinea confeccionó una política monetaria “restrictiva hacia la actividad interna y expansiva respecto del Tesoro”, cuyo resultado fue “el aumento de la tasa de interés y la esterilización de la liquidez mediante el incremento de los encajes remunerados a los bancos y la colocación de títulos públicos para absorber la liquidez excedente. Esto último fue denominado el festival de bonos”, explica el economista.

Con el Plan Primavera de 1988 Machinea empapeló la city. Algunos de estos experimentos fueron el Bonor, Bonin, Barra, Bogon, Tidor, Vavis y TCD. Ese festival junto a la implacable subida del dólar fueron causas para detonar la hiperinflación, que llegó a 4923,3 por ciento en el año. Finalmente, se defolteó la deuda y Machinea dejó la presidencia del Central casi sin reservas.

El gobierno de Carlos Menem también utilizó los DNU para legislar en materia financiera. En un antecedente del corralito, el último día hábil de 1989 y con la posterior aprobación del Congreso, Menem lanzó el Plan Bonex. Canjeó compulsivamente los depósitos a plazo fijo por títulos de la deuda a pagar diez años después. “Significó una importante pérdida de capital para los tenedores de plazos fijos, dada su conversión por Bonex a la par, mientras que el valor de estos títulos en el mercado secundario resultaba muy inferior a su valor de frente”, indica el economista del Cedes Mario Damill.

Durante la convertibilidad, más sutiles pero igual o más dañinos que los procesos antes descritos, se sucedieron diversas reformas financieras. En 1992 se modificó la Carta Orgánica del Central, eliminando el objetivo de la promoción a la actividad productiva y la generación de empleo. En 1994 se eliminaron los requisitos adicionales para el ingreso de capital extranjero, otorgando igualdad de tratamiento a los bancos extranjeros y a los nacionales, incrementando la extranjerización y la concentración del sistema, sumado a la privatización de los bancos provinciales.

Este listado de descalabros financieros, muchos de ellos instrumentados vía decretos, permite evaluar con el peso de la historia la actual coyuntura. Un sistema divorciado de la inversión productiva, pero sorprendentemente robusto para afrontar la crisis financiera internacional. Cabe recordar que en 1994/95 varios bancos nacionales quebraron por el cimbronazo de la crisis mexicana, debacle menor que el estallido global de 2008.

El actual colchón provino de la acumulación de reservas a partir del esquema de tipo de cambio competitivo. El nivel de estos activos excede las necesidades del Central para cubrirse de una eventual corrida contra el peso y por ello el Gobierno busca utilizarlos para seguir con la política de desendeudamiento. Ciertos economistas de la city y dirigentes políticos con antecedentes en la gestión pública lo catalogan como un “acto de salvaje” apropiación de las reservas. Teniendo en cuenta sus antecedentes en temas financieros desde la década del ’80, esas críticas adquieren otra significación, que no es precisamente la de observaciones inocentes