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En función de las condiciones socioeconómicas y geográficas, cada país determina un nivel de riesgo para las inversiones que recibe. De acuerdo con el conocimiento de dichas condiciones y su capacidad de apreciación, un inversor extranjero evaluará la probabilidad de sufrir pérdidas. En este complejo ejercicio intelectual, múltiples factores que inciden de forma diferente deben quedar reducidos a un simple número que refleje la probabilidad de incumplimiento. Lo caprichoso y reductor de este ejercicio no mengua su pertinencia. Los grandes bancos internacionales que adoptan las reglas prudenciales de gestión determinadas por el Banco de Pagos Internacionales deben ponderar el riesgo de sus inversiones para determinar el capital que inmovilizarán para cubrir una eventual pérdida que los exponga a la quiebra. Cuando el riesgo específico de un país es considerado elevado, corresponde “compensar” al prestamista con una prima “de riesgo” que aumente la rentabilidad de tal manera que éste acepte los riesgos y costos económicos de su inversión.

Las principales agencias calificadoras de riesgo (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), empresas privadas especializadas en el seguimiento del “riesgo país”, brindan sus análisis al inversor que desconoce en profundidad el estado económico financiero del país en el que proyecta realizar una operación de financiamiento.

En los últimos años, estas agencias probablemente no brindaron a sus clientes un servicio de calidad al calificar a la Argentina. Los bonos públicos emitidos en 2005 –que hoy cotizan en el mercado– son calificados con una particular severidad. Standard & Poor’s, agencia que examina la deuda de 123 emisores soberanos, ubica el “riesgo argentino” al mismo nivel de Bolivia, Jamaica, Pakistán y Ucrania, deudores a los que califica con una nota sólo apta para “inversiones especulativas” (B-), con una probabilidad de default a 5 años de 44 por ciento. Por debajo sólo dejan el riesgo de Ecuador (CCC+).

La incertidumbre es propia de cualquier inversión. En ningún caso debe descartarse de lleno la hipótesis de incobrabilidad en un futuro desconocido. No obstante, un evaluador independiente podría encontrar demasiado severa la nota otorgada a la Argentina.

En diciembre de 2009, la deuda pública (interna y externa) alcanzó los 176 mil millones de dólares (incluida la totalidad de los atrasos de la deuda que se está renegociando), lo que representa un 54 por ciento del PBI. Este nivel es muy inferior al de 2002 (145 por ciento del PBI) y al peso de la deuda de numerosos países considerados investment grade. En Japón, Italia, Singapur e India, por citar algunos ejemplos, la deuda pública en términos del PIB alcanza respectivamente 187, 115, 111 y 70 por ciento, siendo el promedio mundial del 50 por ciento. En las principales economías del mundo este ratio tiende a degradarse (no así en el caso argentino) por la aplicación de programas de estímulo fiscal que expandieron el gasto público para contrarrestar la caída del gasto privado en el año de la crisis financiera. En cuanto a la deuda pública externa, ésta representa un 30 por ciento del PBI, cifra que debería descender si la renegociación con los holdouts es exitosa. Siendo todavía elevada esta deuda es menor a la de Portugal (46 por ciento del PBI), Hungría (39 por ciento del PBI) y Uruguay (35 por ciento del PBI), con mejor calificación.

Otra variable que se sigue de cerca es el crecimiento ya que el aumento del ingreso nacional mejora la capacidad de pago. Desde 2003 hasta hoy, el crecimiento económico anual promedió 7,4 por ciento desacelerándose a mediados de 2009. La producción industrial creció en enero de 2010 a un ritmo anual de 8,6 por ciento, retomando la dinámica expansiva. Este prolongado período de crecimiento es concomitante con la obtención de excedentes en la cuenta corriente de la balanza de pagos, otra variable clave al evaluar el riesgo país. Este esfuerzo de ahorro de la sociedad argentina en su conjunto, facilitado por el alza en el precio internacional de las materias primas que el país exporta y por el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, permitió disminuir sustancialmente el endeudamiento del sector privado y, a la vez, acumular reservas internacionales por cuenta del Banco Central. Esas reservas permiten financiar 13 meses de importaciones (en Chile financian 8 meses), cubriendo también 150 por ciento de la deuda externa de corto plazo. En el año 1997, antes de la crisis asiática cuando el país era mejor percibido por las agencias, las reservas sólo permitían financiar 9 meses de importaciones y 70 por ciento de la deuda externa de corto plazo. Como consecuencia del excedente de ahorro nacional por sobre el gasto total, la deuda externa (la pública más la privada) se sitúa hoy en 128 mil millones de dólares, suma que representa un 35 por ciento del PIB, la cifra más baja desde 1994. El peso de la deuda externa total hoy es menor al de Chile (40 por ciento del PIB con rating A+), Corea (43 por ciento con rating A) y Hungría (120 por ciento del PBI, con rating BBB-) entre muchos otros.

Sin minimizar otros criterios macroeconómicos conducentes a la evaluación del riesgo país, como podrían ser el grado elevado de oligopolización de la industria, el alza en los precios de determinados productos clave para la canasta de consumo familiar, o la eventual aparición de cuellos de botella en el campo energético, Argentina no debería estar incluida dentro del conjunto de naciones más riesgosas

* Doctor en Economía y docente en la Universidad Paris-Dauphine.