El actual discurso de las fuerzas de centroderecha tiene como uno de sus máximos estandartes la defensa de la institucionalidad y la República. Afirma, bajo múltiples formatos, que la actual administración no respeta los valores plasmados en la Constitución nacional. Esta neopreocupación por el espíritu de las leyes tiene, sin embargo, un límite muy definido: termina donde comienzan las ganancias empresarias.

Aunque la Constitución en su artículo 14 bis establece la participación de los trabajadores en las ganancias “con control de la producción y colaboración en la dirección”, la presentación del diputado Héctor Recalde de un proyecto de ley que rescata el texto constitucional provocó el pasado septiembre reacciones predecibles. Dejando de lado los excesos verbales –como los del titular de la UIA, Héctor Méndez, para quien la ley propuesta significaría parecerse a Cuba–, para las corporaciones empresarias, asociadas en el Grupo de los 6, la Constitución sería en realidad inconstitucional. Los líderes corporativos señalaron que el proyecto “avanza hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a las de los propios accionistas”.

Si bien el análisis del discurso y el trabajo de archivo siempre son interesantes, lo que en realidad está en juego no es la República ni los formalismos legales, mucho menos la Constitución, sino uno de los parámetros en pugna del actual modelo económico: la redistribución del ingreso en favor de los trabajadores y la búsqueda de mecanismos que permitan un mayor “derrame” del crecimiento económico que, según insiste en demostrar la experiencia histórica, no derrama solo.

Una muestra de las limitaciones del derrame se encuentra en la reciente recuperación post crisis internacional. Más allá de las reservas sobre los números oficiales, no hay dudas sobre el contraste del crecimiento económico en los últimos dos años. Luego de la leve caída de 2009 por la mala cosecha y la crisis internacional, el PIB se recuperó fuerte en 2010, el 9,1 por ciento según la medición del Indec para los primeros 9 meses del año. Más fuerte aun fue la recuperación de la Inversión (IBIF), que en el mismo período se expandió a una tasa interanual del 19,9 por ciento, lo que permitió superar los niveles de inversión precrisis.

Esta bonanza, sin embargo, no se reprodujo en el mercado de trabajo. En el último informe trimestral del Cenda, “El trabajo en la Argentina”, N° 20, se detalla que “las tasas de empleo y subempleo, si bien exhiben una clara tendencia descendente luego del alza que experimentaron a partir de la crisis, se sitúan en niveles similares” a los de 2008. En el tercer trimestre de 2010 el desempleo descendió al 7,5 por ciento. Dos años antes era de 7,8 por ciento. El subempleo, en tanto, se encuentra en 8,8 por ciento, prácticamente el mismo valor que en 2008. La situación, destaca el informe, es peor si se recorta sólo el empleo registrado, que frente a un producto que progresó el 9,1 por ciento, sólo creció el 3 por ciento.

En cuanto a la evolución del nivel de salarios reales, donde las afirmaciones son más polémicas porque implica deflactar tomando algún índice de inflación, la situación es heterogénea. Utilizando como deflactor el IPC-7 provincias, el promedio de los 7 subestados donde no se cambió la metodología de medición tras la intervención del Indec, se tiene que los salarios reales se encuentran estancados desde 2007. Pero, además, según destaca el Cenda, continúan sin superarse los niveles salariales anteriores a la crisis de 2001, ya bajos en términos históricos. Si sólo se consideran los salarios de los trabajadores registrados, se observa una leve recuperación desde 2007, lo que indirectamente destaca, dado el estancamiento general, una caída en el ingreso de los trabajadores no registrados, los más afectados por las subas de precios.

Lo que se observa, entonces, es una situación de rigidez en la tasa de desempleo a partir de un cierto punto. Es probable que este piso sea una limitación estructural de la economía local para crear puestos de trabajo. También que la rigidez está muy vinculada con la primarización relativa de su estructura productiva y a que los sectores industriales dinámicos están concentrados en la producción de commodities con escaso valor agregado y alta concentración orgánica del capital (relación capital-trabajo).

Una mejora de las condiciones sociales por la vía del mercado de trabajo demanda entonces una transformación muy concreta de la estructura productiva: más diversificación, más valor agregado, mayor complejidad industrial, un camino para el mediano y largo plazo. En el corto, en tanto, queda la alternativa paralela de avanzar con mejoras institucionales, como por ejemplo la lucha contra el empleo en negro o proyectos como los del laboralista Recalde. Lo notable, cuando se escucha la virulencia de las reacciones suscitadas, es que el proyecto sólo propone repartir entre los trabajadores el 10 por ciento de las ganancias netas (descontado el pago de impuestos) e incluso que este 10 por ciento se reduzca a la mitad si la firma lo reinvierte. Se crea además un organismo que establece, según regiones y sectores, un mínimo de ganancia a partir del cual comenzar a distribuir. Del texto del proyecto no parece surgir nada parecido a Cuba. De hecho, se trata de un régimen muy similar a los existentes en Chile, Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, Francia, Canadá, México, Perú, Venezuela y Finlandia.

A la discusión podría sumarse un dato más reseñado por el Cenda en base al Indec: la tasa de rentabilidad sobre ventas de las 200 empresas de mayor tamaño del país fue, según balances, del 3,1 por ciento entre 1991 y 2001, negativa en 2002 y del 8,5 por ciento entre 2003 y 2009. En la presente década estuvo cerca de triplicarse

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