Ningún funcionario lo dirá públicamente, pero en el equipo económico todos saben que la crisis de enero no fue producto de la maldad de los especuladores ni inducida exclusivamente por la escasez de dólares, sino que la propia escasez de divisas fue reforzada por la falta de financiamiento externo. Esta conciencia surge también por analogía con el resto de los países de la región, los que presentan situaciones de cuenta corriente similares a las de Argentina. Ninguno de ellos hizo una revolución sustitutiva de importaciones, la diferencia fue que financiaron sus déficit de cuenta corriente con recursos del exterior. La conciencia de esta situación fue la que motivó todas las acciones de Economía con vistas a superar los pendientes de deuda externa, estrategia que se vio congelada –o acelerada según la perspectiva optimista sobre un pronto arreglo “exitoso” con los buitres– por la injerencia del Poder Judicial estadounidense y su singular interpretación sobre el “trato igualitario” a todos los acreedores. Hasta aquí los datos más conocidos.

La segunda parte de la historia también es conocida, pero fue oscurecida. Según una nueva vulgata mediática, en la última década el desendeudamiento no existió. La reducción de la deuda pública sería una mentira más del “relato” oficialista. La base del argumento son números ciertos: al momento del default se debían alrededor de 160 mil millones de dólares, desde entonces se pagaron 190 mil, pero al presente se deben más de 200 mil, ¿dónde estaría, entonces, el desendeudamiento?

El problema de esta vulgata reside en la diferencia entre indicadores nominales y reales. El peso de la deuda no se mide en términos nominales, sino en su relación con el Producto. Por eso el indicador relevante no es el número bruto, sino la relación deuda/PIB, tarea que demanda cálculos y actualizaciones y que, tras la desafortunada intervención del Indec, quedó sujeta a controversias.

La relación deuda/PIB debe leerse también sumándole dos distinciones:

1) Entre deuda pública y deuda externa. La primera es toda la deuda del sector público, la segunda solamente la parte nominada en moneda extranjera y

2) entre deuda intra sector público y deuda con terceros.

Siempre será más fácil gestionar una deuda nominada en moneda local e intra sector público. La deuda que llegado el caso puede presentar problemas de renegociación es la externa con terceros.

En el último informe de Estudio Bein se repasan, actualizados, algunos de estos indicadores. A grandes rasgos se tiene que la relación deuda/PIB pasó del 60,6 por ciento tras la reestructuración de 2005 a un piso del 32,6 en 2011 para subir al 33,4 en 2013 y un proyectado del 40,9 para fines de 2014. O sea que entre 2005 y 2013 el peso de la deuda se redujo a la mitad. Y en el peor de los casos, tomando la proyección de 2014, la reducción fue de un tercio o 20 puntos en relación con el Producto. Está claro que el salto de 2013 a 2014 se debe fundamentalmente a la devaluación y al freno del crecimiento.

Pero hay factores adicionales importantes. Tomando los datos oficiales de septiembre de 2013, el primero es que casi 122 mil millones de dólares sobre un total de 201 mil, es decir alrededor del 60 por ciento del stock total, era deuda intra sector público, dinero que el Estado se debe a sí mismo y que en la práctica jamás podría entrar en default. El segundo es que de los poco menos de 80 mil millones que el Estado les debía a terceros al pasado septiembre, apenas 15,3 puntos del PIB, 18.800 millones eran con organismos internacionales y 6100 con el Club de París. Los bonos que flotaban en el mercado eran poco menos de 55 mil millones, alrededor de 10 puntos del PIB.

La pregunta que sigue es si los cambios introducidos por las consolidaciones negociadas con Repsol, el Ciadi y el Club de París, más un potencial arreglo con los fondos buitre a partir de la extorsión del poder judicial estadounidense, provocarán un cambio fundamental en el peso de la deuda.

El cálculo de Estudio Bein es que la deuda pasaría de los 201 mil millones del pasado septiembre a 234 mil millones. El número surge de suponer un arreglo con los bonistas que rechazaron los canjes pagando con bonos a partir de 2015 en condiciones similares al arreglo con Repsol, supuesto del que todavía no hay indicios ciertos más allá de trascendidos y expectativas del poder financiero. Los nuevos bonos aumentarían la deuda que “flota en el mercado” a 78.400 millones de dólares, con lo que el stock con riesgo de refinanciación subiría “sólo” a unos 15 puntos del PIB, un valor realmente muy bajo para los estándares internacionales, y a algo más de 43 puntos para la deuda pública total. El arreglo supuesto suma casi 15.000 millones por los holdouts bajo legislación de Nueva York a los 5850 de Repsol, los 500 millones por los robos a mano armada en el Ciadi (en tanto son fallos originados por los cambios de la política monetaria argentina tras la salida de la convertibilidad) y los 2960 millones adicionales para el Club de París.

No hace falta agregar que los pronósticos, en caso de concretarse el escenario descripto, auguran un futuro de felicidad y crecimiento. Bueno, no tanto, nadie prevé crecimiento para 2014 ni en el mejor de los casos, pero sí la posibilidad de financiar los vencimientos de casi 9000 millones de dólares por año promedio para el próximo lustro, con un pico de casi 12.000 millones justo en 2015. Otra manera de ver el problema es que los vencimientos en divisas de la deuda ya reestructurada son de casi 11.000 millones hasta el fin de la actual administración, pero subirían a cerca de 15.000 si hay arreglo con los Buitres & Co, siempre bajo los supuestos descriptos.

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