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A no engañarse, cada vez que lea el escenario que cualquier economista le presenta sobre la economía poselecciones, estará leyendo un compilado de sus deseos o, peor, de la voluntad de sus clientes o mandantes. Construir un cuadro objetivo de los problemas actuales a resolver por un próximo gobierno no es una tarea imposible, pero el proceso mismo de selección ya involucra ideología, es decir, a intereses contantes y sonantes.

La gran trampa tratándose de la intervención de “los economistas”, es que aparecen en escena como presuntos médicos para la enfermedad, es decir: como los brujos de la tribu, como individuos imbuidos de un saber especial proveniente de una ciencia y, por lo tanto, con verdades difíciles de cuestionar para los no iniciados. Después de todo, sólo una ínfima minoría es capaz de discutir a los médicos sus diagnósticos y recetas, en general otros médicos.

Relativizada la verdad, del repaso superficial de las publicaciones tanto en la prensa como de las principales consultoras, surge con nitidez la definición de un puñado de problemas económicos que se supone debería resolver un próximo gobierno: “El pago a los holdouts” siguiendo la antojadiza cuenta de un poder extranjero, el déficit de las cuentas públicas, la creciente magnitud de los subsidios, el impacto de las transferencias hacia servicios y planes sociales, la presión tributaria, el “clima” de inversión, el cepo al dólar, el estado de las estadísticas públicas y, infaltable en cualquier lobby, el “retraso cambiario”.

Las economías de todos los países deben cuidar constantemente la evolución de los principales indicadores que definen sus cuentas nacionales, nadie lo discute, pero ninguno de los “problemas” citados para el caso local son autónomos ni demandan decisiones especialmente urgentes: como sería un draconiano plan poselectoral. Por ejemplo: inmediatamente después del fallo pro buitre del poder judicial estadounidense, el grueso de los economistas profesionales advertía que no sería posible seguir adelante sin resolver de alguna manera la situación. La ya olvidada cláusula RUFO permitió patear el tema unos meses, pero mientras tanto las consultoras, incluidas las más serias, construían escenarios sobre la base de potenciales arreglos con los buitres. Con arreglo, es decir con el conjunto de los argentinos pagando los antojadizos miles de millones de dólares decretados por el emplumado Thomas Griesa, el horizonte de crecimiento proyectado se expandía notablemente: fluiría nuevo financiamiento, se alejaría la restricción externa y florecería la confianza de los mercados. Llegado abril las mismas consultoras mantienen sus predicciones de crecimiento para el año, aunque el pago multimillonario no se produjo ni se va a producir, algo que sólo podría ocurrir en un escenario de victorias imaginarias del pluripartido del ajuste.

El segundo “problema”, medido por el grado de insistencia de los economistas, es la cuestión del déficit provocado por la emisión monetaria obligada por las transferencias de recursos públicos hacia subsidios y planes sociales varios. Si la relación causa-efecto predicha fuese real, la base monetaria habría explotado junto con la inflación. Nada de ello sucedió. Por el contrario, el punto de inflexión en la caída del consumo quedó atrás y la economía, lentamente, vuelve a crecer. La inflación, aunque todavía alta, se frenó demostrando, una vez más, que no puede explicarse por el lado monetario.

El tercer “problema”, siempre en base al énfasis de la profesión, es el del “tipo de cambio competitivo”. Las cuentas externas del país no pasan por su mejor momento. La restricción externa obligó a regular el pago de importaciones en un momento que, por diversas situaciones del escenario global, los precios de los principales productos de exportación están en baja, lo que afecta el superávit comercial y, luego, a la cuenta corriente del Balance de Pagos, con retroalimentación en la escasez de divisas. El dato es bien potente, porque revela un déficit real del modelo actual, una sustitución de importaciones escasa y una canasta exportadora que luego de una década de crecimiento continúa concentrada en unos pocos productos primarios o de base primaria. Para los economistas profesionales, en cambio, este problema no respondería a estas cuestiones estructurales, sino a la ausencia de un “tipo de cambio competitivo”, es decir un dólar caro para los locales y barato para los extranjeros. Vale destacar que no existe en absoluto evidencia estadística que relacione al tipo de cambio con las cantidades exportadas. Al respecto pueden consultarse, por ejemplo, algunos trabajos del Centro de Economía Internacional de la Cancillería. Entre ellos: Elasticidades de comercio de Argentina para el período 1993-2008, de Daniel Berrettoni y Sebastián Castresana, y Elasticidades del comercio exterior de la Argentina: ¿una limitación para el crecimiento?, de Guido Zack y Demián Dalle, que se ocupa del período 1996-2013. Como volvió a comprobarse en el último mini shock devaluatorio de enero de 2014, establecer un tipo de cambio competitivo tiene tres efectos bien diferentes de la expansión exportadora: un aumento de la inflación, una contracción del ingreso de quienes ganan en moneda local y, como consecuencia de la caída del ingreso, una freno de la demanda interna y del PIB.

Tomando solamente estos tres “problemas” citados como ejemplo se tiene que lo que se habría conseguido en el primer caso es pérdida de reservas internacionales sin contrapartida alguna; en el segundo, eliminación de recursos que benefician de manera directa a los sectores de menores ingresos; y en el tercero, beneficio exclusivo para los exportadores y un mayor freno de la economía. Esta sumatoria de consecuencias grafican que cuando se discute economía no se debate sólo sobre el funcionamiento de los instrumentos de la ciencia, sino, específicamente, sobre cuáles son los sectores de la sociedad que se ven beneficiados por una u otra medida. En algunos pocos casos la relación puede ser ganar-ganar, pero en general se manifiesta una disputa por los recursos. Resolver estos problemas significa tomar decisiones sobre quiénes pagan impuestos y cuánto y quienes reciben transferencias y cuánto. Sobre esta misma base, en un plano yuxtapuesto, se define el rol que asume el Estado en la economía; a quiénes financia, en qué sectores se involucra y hasta dónde planifica. Esta es la discusión

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