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La realidad económica se aceleró. Quienes descreen de las virtudes de los ajustes ortodoxos descontaban sus efectos, pero ni siquiera los más pesimistas imaginaron que el deterioro ocurriría tan pronto. El error de cálculo tiene una explicación de partida: haber creído que las virtudes mostradas por el oficialismo para imponerse en el balotaje se trasladarían mecánicamente al ejercicio del poder. Los politólogos acuerdan en el carácter disciplinado y homogéneo del “único partido moderno del siglo XXI” cuyas claves de éxito fueron, especialmente, la sensibilidad a las demandas de los grupos focales como generadores de contenidos discursivos de campaña y una estructura piramidal, obediente y coordinada, alzada hasta su líder evangélico. Elementos ambos que se combinaron con el uso máximo del estado del arte del marketing político, la literatura de autoayuda con un dejo zen y la nueva filosofía del entusiasmo de los opacos discursos presidenciales, aunque la potencia del ajuste haya mechado en el presente angustias y dolores.

Pero una cosa es convencer a la porción menos politizada del electorado que decidió el resultado del balotaje de que el mundo puede ser un lugar mejor, armonioso y sin conflictos distributivos, y otra muy distinta el ejercicio del poder. La máquina PRO dejó de funcionar como el perfecto reloj que fue en la campaña, sin embargo –y este punto es crucial– la nueva descoordinación de sus piezas no evita el dato duro de que se reorganiza rápido y avanza como una aplanadora en la prosecución de sus objetivos que no son otros que el cambio de régimen económico. Y aunque desde la oposición se advierta que “está todo mal”, que se trata de políticas internamente clasistas y externamente subordinadas a los poderes globales, recetas con probados malos resultados en el pasado, se están produciendo “exitosamente” cambios profundos. Los ejes del nuevo régimen son tres: el fin del desendeudamiento, la deconstrucción del tejido industrial y el aumento del desempleo. Se trata de tres dimensiones, financiera, real y social, con inevitables efectos de largo plazo y difíciles de revertir.

- La apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento es la dimensión que se comprende más inmediatamente. Toda nueva deuda, en especial si es multimillonaria, supone el condicionamiento del pago futuro. En sólo cinco meses la Alianza PRO se endeudó en 25.000 millones de dólares. Parece mucho, pero como ya lo anunció el gobierno, esta cifra es sólo el punto de partida. El poder financiero correspondió rápidamente: las calificadoras de riesgo, las mismas que no advirtieron la gran crisis hipotecaria de Estados Unidos de 2008-2009 y tradicionales falladoras de pronósticos, mejoraron la calificación crediticia del país. Notable; la deuda aumenta y se desconoce la sustentabilidad social del modelo, pero la calificación mejora. Hoy todos parecen atrapados en el encantamiento del presente y la presunta llegada de inversiones, pero el efecto de largo plazo será que los nuevos pasivos deberán comenzar a pagarse ya el año que viene y las refinanciaciones del futuro mediato significarán la sujeción a programas del FMI, es decir: definirán la política económica futura. Lo que fue campaña del miedo ya es realidad, un vector tiempo que no tiene retroceso.

- Para un país agroexportador cuyas principales patas industriales no agropecuarias son participar del borde de la plataforma regional de algunas terminales automotrices, la metalmecánica dependiente, las armadurías fueguinas, algunas industrias metálicas básicas, química, farmacéutica e indumentaria, reconstruir el tejido industrial fue una tarea lenta y de largo plazo que demandó regulación comercial y promoción selectiva. En contrapartida, lo primero que hizo el Ministerio de Producción PRO, lejos de cualquier plan de desarrollo, fue avanzar en una apertura comercial irresponsable que poco se asemeja al proceder normal del mundo al que se dice haber regresado. A modo de ejemplo alcanza con ver el cuidado quirúrgico con el que Estados Unidos maneja la reapertura del ingreso de limones argentinos. La liberación indiscriminada de importaciones, incluso agropecuarias, en el contexto de un proceso de contracción global y local ya tuvo un efecto desastroso sobre la producción interna, especialmente en el entramado de Pymes, realidad que se combinó con los aumentos de costos de producción vía las también indiscriminadas subas de tarifas y, especialmente, la caída del consumo interno. Las medidas compensatorias ofertistas tardíamente anunciadas esta semana no sólo no subsanan los problemas principales de mayores costos y menor demanda, sino que llegan cuando el daño ya fue provocado. Otra destrucción con vector tiempo irreversible.

- En el sector público los despidos tuvieron hasta ahora el comprensible objetivo político de ocupar el Estado con cuadros propios. Para el sector privado se sostiene la ocurrencia de un efecto espejo, visión según la cual las empresas despedirían solamente porque el cambio de clima de época las habilita; el viejo “porque son malas”. La realidad es diferente: la nueva política económica provocó una fuerte caída de la actividad. Esta caída, como se explicó en el punto anterior, pegó más fuerte en los sectores que más empleo generan. Los números son alarmantes por donde se los mire. Cae la recaudación, pero también las exportaciones con valor agregado, aunque el gobierno publicitó como un logro estructural el dato de cortísimo plazo de la liquidación de stocks primarios acumulados a la espera de la devaluación. Si se atiende a las palabras del ex administrador de fortunas a cargo del ex Ministerio de Economía, el clima de despidos generado en estos meses resultaría completamente funcional al disciplinamiento de las paritarias y la voluntad de estabilizar la macroeconomía. Sin embargo, a nivel agregado los números no indican todavía un salto en el desempleo, sino apenas el acompañamiento de la caída del nivel de actividad. La mala noticia es que la caída, especialmente en el entramado industrial, no se detendrá. El resultado será el esperado: un aumento de la tasa de desempleo, proceso que se extenderá bastante más que 180 días y que permitirá cristalizar la nueva distribución del ingreso entre el capital y el trabajo; el tercer componente con vector tiempo irreversible. El matiz en este punto es saber qué contrapeso real podrá ejercer la inversión pública en infraestructura cuando finalmente ocurra.

Luego, sobre estos tres ejes se abre un gran abanico de políticas subordinadas. Sólo por nombrar algunas: en el plano financiero se destacan la política de metas de inflación vía regulación con tasas de interés muy altas que, en la propia lógica ortodoxa, aumentan el déficit cuasifiscal y desalientan la actividad productiva. En paralelo corre el intento de reducir la cantidad de dinero circulante, lo que frenará las transacciones y retroalimentará la caída de la actividad. En el plano real, se destaca la poda de los ingresos extra salariales vía la eliminación de subsidios a los consumidores, lo que también aumenta costos de producción. Otra política derivada es la sintomática voluntad de destruir la universidad pública, una de las herramientas más simbólicas del ascenso social, un componente que aporta a lo que algunos teóricos PRO denominaron “la pasión igualitaria de los argentinos”, una pasión que, por supuesto, es vista como algo negativo.

En términos de las condiciones de vida de las mayorías el nuevo régimen oligárquico significa un previsible y marcado deterioro. Pero la continuidad de estas políticas supone una relación polar, el avance de la fuerza gobernante sólo es posible por la descoordinación opositora. Si el objetivo real es detener la pérdida de derechos, la compleja unidad de la oposición aparece como el único camino.