Le escribo por las preocupaciones que ha desatado en algunos miembros de la sociedad civil chilena el nuevo proyecto de ley contra la piratería. A principios de año, el Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, para introducir cambios en la ley de propiedad intelectual con el objetivo de combatir la piratería, dado el daño que realiza a los titulares de derechos de autor, los delitos conexos asociados a ella y el daño tributario que esta industria produce a todos los chilenos. Nadie puede estar en desacuerdo con tan loables principios del Ejecutivo. Sin embargo, la ley también se enmarca en los compromisos firmados por el gobierno de Chile frente a su socio comercial norteamericano, para el que la propiedad intelectual es hoy uno de los principales rubros exportadores de su economía. Basta pensar en la agenda de Microsoft, o la agresiva penetración de la industria norteamericana del entretenimiento para darse cuenta de ello. El mencionado proyecto penaliza con gran rigor, penal y civil, a la industria de la piratería, pero carece del más mínimo equilibrio entre los derechos de los titulares y el derecho de la sociedad a acceder a los frutos de la cultura. El proyecto de nuestro Ejecutivo es particularmente sesgado, pues dominan en él las perspectivas del comercio y de los compromisos contraídos en el TLC, olvidando los derechos de quienes acceden a los frutos del conocimiento, la creación y la investigación. Si el tema central es el combate a la piratería, existen numerosos instrumentos legales que pueden ser argüidos desde los municipios, hasta el Ministerio del Interior, pasando por gobernaciones e intendencias para combatirla. Y sin embargo, hay premura por parte del Ejecutivo en “sacar la ley”. Es evidente que la ley saldrá porque el gobierno tomó un compromiso político con su contraparte, para resolver en el más breve plazo posible las contradicciones entre la legislación doméstica y el texto del acuerdo. Chile puede dar ejemplos al continente y sus sociedades civiles acerca de cómo no hacer las cosas.
Las negociaciones que Mercosur realiza con la Unión Europea deben producir una alerta entre sus ciudadanos, pues los capitales europeos no se diferencian en su trato y exigencias a los países de los capitales norteamericanos.

Rubén González M.
Secretario ejecutivo
Alianza Chilena por un Comercio Justo
y Responsable
www.comerciojusto.cl