La economía argentina funciona según un sistema que denominaremos “mixto”. No es liberalismo puro ni tampoco colectivo. En el mixto, existe una sociedad entre propietarios de los medios de producción y de cambio y el Estado, en el cual los primeros aceptan que parte de las riquezas que perciben sean trasladadas a la sociedad mediante impuestos, retenciones y otras medidas. Pero sólo aceptan, voluntariamente, que la parte que ceden tenga un límite que, cuando se excede, repudian, de diversas maneras. Lo importante a destacar es que se trata de una sociedad singular, en la cual quienes poseen la capacidad decisional son siempre los que pertenecen a esos sectores dominantes. La mejor manera de oponerse a las medidas de distribución de la riqueza, la más rápida dado que depende de una decisión de aplicación inmediata, es la de inflación. Como suele afirmarse, la inflación se asemeja a un impuesto, con la diferencia de que la recaudación del mismo no va al Estado sino al bolsillo de los sectores mencionados. Para ponerse en papel de víctimas tienen como empleados a múltiples economistas que sostienen que la inflación la produce el Estado mediante los excesos de emisión de dinero –teoría monetarista– o bien los incrementos de costos por los aumentos salariales o, finalmente, cuando se incrementa la demanda sin correlación con subas similares en el lado de la oferta. Para evitar la inflación recomiendan enfriar la economía, reducir los gastos del Estado, que deberá poner en marcha políticas de ajustes, menos salarios, menos gastos, menos jubilaciones y menos pensiones. El ajuste conlleva que los dominantes puedan obtener más riquezas y, de esa manera, decidirse a invertir, dar trabajo, para que se produzca el falaz proceso del derrame. Esta teoría contiene las mismas falsedades de la economía clásica, que basándose en dogmas similares a los de la Iglesia Católica, ignorando la correcta metodología del empirismo, impuso “verdades dogmáticas”, tales como la de la simpatía, el salario de subsistencia o que toda oferta genera su propia demanda y, finalmente, la falsedad mayor de que los mercados funcionan según la competencia perfecta. En la realidad, la inflación la generan e impulsan las empresas fijadoras de precios, ajenas a sus costos. Estos son ajenos a la formación de precios, los que se rigen sólo por el análisis de precios x cantidades que cubriendo los costos totales permitan obtener un beneficio satisfactorio con relación al capital invertido. Además, cuando algún factor de costos aumenta, por ejemplo los salarios en un 20 por ciento, ese porcentaje lo suman a los costos totales, siendo que los salarios no representan en la actualidad más de un 10 por ciento, y en algunas industrias, en la aceitera sólo el 2 y en la automotriz el 3 por ciento. En estos momentos, el Gobierno, con un economía sin déficit, con paridad cambiaria estable, sin aumentos de impuestos ni de tarifas, no tiene nada que ver con la inflación, ya que la misma es responsabilidad exclusiva de los formadores de precios, alrededor de 200 empresas. Aprendamos que la pelea es con ellas y no con el gobierno nacional.

Rubén Visconti

Profesor titular de costos de la UNR

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