A partir del artículo de Eduardo Bustelo Graffigna “El progresismo verde y la minería” (Cash, 17/10/10), me urge hacer algunas reflexiones. El autor necesita tensionar las posiciones para justificar lo impresentable; mostrar un extremo para presentarse centradamente ubicado. Existen centenares de estudios que denotan la actual Ley de Minería (ninguna mención a esta patética norma por parte de Graffigna) por lo poco sustentable. Y no lo es solamente porque rifa los recursos con dudosos beneficios para la sociedad poseedora de los mismos. En el plano meramente económico, las regalías son sólo una “pequeña” desventaja, ya que existe un sinnúmero de exenciones y gratificaciones para las empresas que hacen impracticable cualquier principio de rentabilidad sostenible. El posibilismo practicado por Graffigna es una lastimosa justificación de posiciones cortoplacistas que tienden más a autoconvencerse de la falacia que supone elegir entre comer caca o carne podrida. Graffigna debería saber que existe una minería con bajos niveles de impacto ambiental (sugiero que recurra a la legislación en los “países industrializados no progresistas”), que es de políticos (y por supuesto de estadista) pensar los beneficios de una actividad que puede ser rentable para las provincias, para los pueblos y las generaciones futuras. El triste argumento me recuerda el esgrimido por quienes defienden la explotación minera de potasio en las márgenes del río Colorado. Se extrae un recurso estratégico (fertilizante para campos) que cotiza en Bolsa, hace uso de la misma cantidad de gas que consume la ciudad de Mendoza y de un 40 por ciento de la energía eléctrica que utilizan los habitantes de esa ciudad, y como si fuera poco el consumo de agua de una ciudad de 100 mil habitantes. Recursos en el balance no es sólo el que se afecta por los residuos que genera la explotación, sino también aquellos que utiliza para extraer ese mineral. En la dimensión de las ganancias para las empresas pensar en algunos centenares de puestos de trabajo y unos pocos millones de regalías es por lo menos miope, justificar un emprendimiento que no se sostiene por sí solo y sí con el argumento de políticos funcionales a esas empresas. Pienso que Graffigna, como representante de la sociedad, debería defender los intereses concretos de ésta. Sugiero que revise las políticas de países industrializados en la materia y recurra a un buen contador para incorporar variables en el balance. Es un pedido de un progresista verde.

Lic. Pablo D’Atri
Presidente de EcoSur,
Centro de Estudios Ambientales
www.ecodigital.org.ar

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