Pese a que en enero la recaudación tributaria subió nada menos que un 23 por ciento respecto de un año atrás, Alberto Abad insiste en que los 107.000 millones de pesos para todo el año que figuran en el Presupuesto no es una meta subestimada. Abad demuestra que Roberto Lavagna no es el único afín a tirar abajo las proyecciones para luego exhibir con facilidad logros holgados. Más allá de lo que diga uno u otro y de lo que figure en el Presupuesto, el resultado de enero sumado a la percepción dominante respecto de como se perfila el año permite como mínimo conjeturar que el pronóstico oficial va a ser ampliamente superado. Es lo que sostiene la mayoría de los consultores, como por ejemplo los economistas de Finsoport que calculan un total de ingresos tributarios por casi 117.000 millones de pesos, es decir 10.000 millones más que lo presupuestado.

Si la realidad termina siendo más parecida a esto último que al cauteloso escenario dibujado en Economía, el Gobierno estaría por tercer año consecutivo en condiciones de gobernar con un amplísimo margen fiscal, lo que además de tener trascendencia en los aspectos macro reviste una clarísima importancia política dada la disponibilidad de recursos para manejarse y repartir en un año que con el correr de los meses va a tener cada vez mayor olor electoral.

La inercia que se arrastra del último trimestre y el empuje que se nota en el comienzo de 2005 está llevando a la mayoría de los gurúes a corregir hacia arriba sus vaticinios de crecimiento, lo que consecuentemente deriva en optimismo sobre los números de recaudación. Por citar sólo dos casos, el estudio M&S señala en su último informe semanal que “aún con una reactivación moderada la economía alcanzará una recuperación del 5,5-6 por ciento”, y en el más actualizado análisis sobre la Argentina del banco de inversión Morgan Stanley del 27 de enero se lee que “hemos procedido a elevar nuestro pronóstico de crecimiento del Producto Bruto Interno del 3,5 al 6,1 por ciento”.

Por supuesto que en ninguno de los informes que circulan está ausente el tema del canje, que según Finsoport es un tema del cual “depende no sólo el retorno del país a la comunidad financiera internacional y la recuperación de la confianza de los inversores, sino también despejar el camino de una agenda más robusta y de mayor horizonte que la administración de la herencia”. Sin tanto eufemismo, esto último significa dedicarse a las postergadas reformas en materia de política industrial, tributaria, distributiva, servicios públicos, etcétera.

Y si bien los primeros números sobre la aceptación del canje eran hasta comienzos de semana mucho menos promisorios de lo que esperaba el Gobierno, las expectativas sobre el resultado global oscilaban entre lo regular y lo favorable, pero en ningún caso se encendían luces amarillas de fracaso.

Eso cambió notoriamente el miércoles, cuando en una movida tan sorpresiva como riesgosa el Gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que prohíbe mejorar la oferta en vigencia a los acreedores. De esta manera Lavagna pretende acorralar a los indecisos para que se metan en el canje antes de su vencimiento, pero simultáneamente está emitiendo una señal de debilidad y pesimismo. ¿Si no cuál era la necesidad de poner por escrito lo que tantas veces verbalizó respecto de que la actual oferta era la última? Tal vez la necesidad deriva del no haber cumplido con la palabra original de septiembre de 2003, cuando al presentar la propuestaen Dubai juró y recontrajuró que era la última, definitiva e inmodificable, redundancias incluidas. Son los costos de haber pecado.

En algún sentido, el proyecto de ley que el bloque oficialista se comprometió a votar lo más rápido posible hace recordar a la ley de intangibilidad de los depósitos con que Domingo Cavallo quiso frenar la fuga de dinero de los bancos que se había desatado en el 2001. Así como poner sobre el tapete la intangibilidad implicaba en aquel entonces asumir que muchos evaluaban la posibilidad de que el gobierno “tocara” los depósitos, este proyecto implica reconocer que el grado de aceptación es bajo porque muchos tenedores apuestan a una mejora en las condiciones ofrecidas. La analogía cae de madura: si la ley de intangibilidad fracasó estrepitosamente en su propósito de frenar la sangría, ¿por qué pensar que ahora la prohibición expresa de mejora convencerá a los acreedores de que o se meten antes del 25 de febrero o se quedan afuera para siempre?

Suponiendo que al fin de cuentas el canje resulte razonablemente exitoso, el sostenimiento del tipo de cambio pasará a ser un tema de aún mayor dificultad que en los últimos días, en los cuales el peso tiende a apreciarse frente al mundialmente debilitado dólar. Claro que ese eventual problema se avizora ahora menos grave que hace unos meses cuando el real estaba a la par del peso y cuando el euro estaba bastante más barato. La notoria apreciación de ambas monedas frente al peso/dólar es otro margen a favor de la política económica en la medida que mejora la competitividad al menos frente a Brasil y Europa.