Una de las críticas más reiteradas a la gestión económica del Gobierno es su supuesta falta de política industrial. En general, a Roberto Lavagna se le reconocen no pocos méritos, incluso provenientes de un centroizquierda que no comparte el eje de la política económica, así como desde la derecha vernácula que tampoco adhiere en bloque al modelo en vigencia. Pero en ningún caso el ministro ha recibido elogios por la performance industrial, y sí, en cambio, bastantes cuestionamientos por la falta de una política para el sector. Más aún, de los pocos funcionarios que forman parte de su círculo de confianza, los dos con imagen de menos eficaces son precisamente los que tienen responsabilidad directa o indirecta en establecer un rumbo para la política productiva en general, e industrial en particular: se trata del viceministro Oscar Tangelson (encargado en teoría de la visión estratégica y de largo plazo) y de Alberto Dumont, el secretario de Industria que acaba de ser reemplazado por Miguel Peirano.
Lavagna tiene una personalidad no muy permeable a la crítica y un estilo que suele pecar de soberbio, pero si hay un tipo de objeción que lo molesta especialmente y se niega a aceptar es precisamente todo comentario negativo sobre la política industrial, provenga de donde provenga. Para entender la susceptibilidad es necesario recordar que si alguna experiencia destacada como economista tiene el ministro en su trayectoria como funcionario público y como consultor privado es, justamente, en temas industriales.
Cuando se lo critica, reacciona con mayor o menor enojo, según el humor de ese día, y suele retrucar usando como descalificaciones los términos “noventistas” para los que se quejan por demasiado intervencionismo, y de “setentistas” para los que le señalan la ausencia o debilidad de la política industrial. El término “noventista” no requiere explicación por su clara referencia. Sin embargo, lo que Lavagna entiende por “setentista” tiene su peculiaridad.
En el diccionario del ministro “setentista” no es una palabra definida como ideología de perfil izquierdista y estatista, o algo por el estilo. Para él, el término se aplica a quienes se quedaron en el tiempo y no entienden o no tienen en merecida consideración los cambios que sucedieron en el mundo. No los descalifica ideológicamente sino por anacrónicos. La diferencia no es nada sutil. Lavagna asegura que el grueso de la batería de las medidas que tienen en mente los “setentistas” hoy no es aplicable. No se trata de que sean buenas o malas. Son imposibles, dice. Más aún, desliza que a él mismo le gustaría poder usar algunas, pero no lo hace porque no se puede.
Un ejemplo facilita la comprensión de lo que sostiene. El mismo confiesa que le encantaría reiterar lo que en su paso como secretario de Industria durante el Plan Austral de Raúl Alfonsín se conoció como Programas Especiales de Exportación. Los PEEX estimulaban con subsidios a aquellas empresas que cumplieran con determinadas metas de incremento de exportaciones. Dejando de lado las críticas que en su momento se le hicieron a ese programa (porque concentró los beneficios en un reducido número de grandes firmas, entre otras), no hay duda de que tenían el formato de una clásica medida de promoción industrial.
El ministro explica que si quisiera aplicarla ahora no podría por la sencilla razón de que las nuevas reglas del comercio internacional y una extensa lista de acuerdos comerciales o de inversión de carácter multi o bilateral que se vinieron firmando en los años ‘90 prohíben el otorgamiento de incentivos o beneficios fiscales condicionados a la performance del receptor. Dice que esos tratados suman nada menos que 58.
Para el actual Lavagna el prototipo de política industrial factible y realista para un país como la Argentina es el Banco Nacional de Desarrollobrasileño, el poderosísimo Bndes que otorga enorme cantidad de créditos blandos a todo el sector productivo pero con énfasis en las manufacturas. Algo de eso ha venido imitando desde el año pasado con el mecanismo de licitación de créditos con tasa subsidiada o con las medidas para destrabar el acceso al financiamiento para las pymes que no calificaban por sus antecedentes. Para el ministro la política industrial factible tiene como otro eje central aprovechar los márgenes permitidos de protección, y señala como ejemplo la decisión de postergar la entrada en vigencia del régimen de libre comercio con Brasil, que estaba previsto para principios del año próximo.
Es incuestionable que las restricciones existen y que desde los setenta pasaron treinta años y cambios drásticos. De todas maneras, si el caso brasileño o herramientas como el Bndes son espejos viables para copiar, este gobierno hizo hasta ahora mucho menos de lo que podría. Quizás ahora que el final del canje liberará horas y preocupaciones, y que Dumont fue sustituido por alguien que conoce mucho más del tema como Peirano, el tema deja de ser una asignatura pendiente sin la necesidad de caer en los setentismos transversales que molestan al ministro.