En este caso no se trata de dividir aguas sino energía, que es lo que astutamente el Gobierno está haciendo para minimizar los incrementos tarifarios y a la vez mostrar avances ante los auditores del FMI, que sin tener posibilidad de reclamar por ajustes fiscales se dedican desde hace tiempo al lobby a favor de bonistas intransigentes o compañías multinacionales que explotan servicios públicos privatizados.

La estrategia tuvo sus primeros logros importantes con la renuncia de Gas Natural Ban primero, y de la estadounidense AES (controlante de Edelap) en segundo lugar, a las demandas que tenían presentadas ante el CIADI (Centro Internacional de Disputas Relativas a Inversiones), lo que para el Gobierno constituye una condición sine qua non para renegociar los contratos en cuestión y acceder a algún ajuste tarifario.

En el caso de Edelap el acuerdo ya se logró y fue sometido a audiencia pública días pasados en una carpa armada para la ocasión en Villa Lugano, con el claro propósito de evitar una participación masiva. La distribuidora consiguió un aumento del 28 por ciento (que en la tarifa se va a traducir en un alza del 15 por ciento), y la refinanciación a diez años de las multas que adeudaba la empresa, lo que no era un tema menor, ya que eran tantas las sanciones pendientes de pago que estaban a punto de transformarse en causal de rescisión automática.

“Lo que Edelap acordó es ruinoso para ellos y lo sería también para nosotros”, aseguran en otra de las distribuidoras que, obviamente, no aceptó el mismo trato. Conjeturan que Edelap sí lo hizo porque ya es una empresa inviable y además suponen que su accionista debe haber transado con el Gobierno algo a cambio.

Lo cierto es que el antecedente dejó en situación incómoda a Edesur y Edenor, a las que el gobierno les propuso que aceptaran un 23 por ciento de incremento tarifario y el compromiso de una revisión general el año próximo a cambio de que retiren la demanda del CIADI. Por ahora ni los españoles que controlan Edesur ni mucho menos la en retirada Electricité de France (habrá que ver lo que deciden los que la reemplacen como socios dominantes en Edenor) están dispuestos a aceptar el trato. “Retirar la demanda del CIADI es renunciar al único elemento que para el gobierno argentino significa una presión concreta”. En el ámbito de las privatizadas suponen que una serie de juicios desfavorables al Estado argentino equivaldría a un nuevo default que la administración Kirchner quiere evitar a toda costa en estos casos.

Por lo anterior es que a lo máximo que se muestran dispuestos en algunas de las privatizadas es a suspender la demanda pero sin retirarla. Para mantener conversaciones en ese sentido viajó a España y Francia Lisandro Salas, uno de los funcionarios claves de la Unidad de Renegociación (Uniren) que comparten los ministerios de Roberto Lavagna y Julio De Vido. Así como Edelap rompió el bloque eléctrico, Gas Natural Ban rajó la unidad gasífera bajándose del CIADI. Si bien esta empresa no tiene para nada los inconvenientes de solvencia y otro tipo como Edelap, sus accionistas sí tendrían motivos ajenos a la propia empresa para haberlo hecho. En particular Repsol (no tanto el banco La Caixa), quien se juega muchas más fichas en el negocio petrolero que en una simple distribuidora de gas, y por ende consideraría conveniente sacrificar en una mesa para ganar mucho más en la ruleta grande. De todas maneras, la conducción de Gas Natural Ban protesta por no haber recibido nada directo a cambio, y señalan con criterio que eso podría ser contraproducente para el Gobierno, ya que podría ser tomado por otras compañías como ejemplo de que sacrificar el Ciadi no es garantía de nada.

El Gobierno confía en que lo reseñado hasta aquí le alcanzará para resistir la presión en este tema por parte del FMI, y especula que con el bloque dividido las empresas disconformes se abstendrán de tomar decisiones que puedan complicar la gestión oficial. Los funcionarios apuestan a un comportamiento moderado por parte de las empresas teniendo en cuenta el año electoral y, fundamentalmente, porque saben que el cash flow de la mayoría de ellas tiene signo positivo, aunque no de la magnitud a la que se acostumbraron en los ‘90, y en alguna medida porque no están realizando parte de las inversiones a largo plazo que deberían.

Con este panorama no habría motivo como para descreer de la reiterada afirmación del ministro de Infraestructura, Planificación y Servicios sobre que este año seguirá sin otorgarse aumentos para los clientes residenciales. No así para cientos de miles de clientes no residenciales pero tampoco necesariamente grandes comerciantes o industriales. Consecuencia de los acuerdos ya alcanzados o del incremento en los valores de la generación, hay quienes por ejemplo están pagando la electricidad un 50 a un 70 por ciento más cara que un año atrás. Es cierto que muchos de ellos (por caso los exportadores o sustituidores de importaciones) subieron sus propios precios tanto o más que eso. Pero en otros sectores es cierto lo contrario.