En varias oportunidades desde esta columna, especialmente en la del 23 de julio pasado titulada “Tarifas Hood Robin”, se planteó que el congelamiento tarifario generalizado conspiraba contra una mejor distribución del ingreso, porque era aprovechado en mayor medida por los sectores de ingresos superiores y porque se desperdiciaba la posibilidad de establecer aumentos discriminados que excluyeran a los pobres y en consecuencia que contribuyeran a achicar la brecha. Por lo tanto, el descongelamiento por primera vez desde la devaluación para tarifas residenciales que se le autorizó a Gas Natural Ban no merece crítica a priori. Pero la merece, y mucho, después de analizar el detalle de la noticia.

Rápido de reflejos y con conocimiento de causa, el primero en objetar la medida fue el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien a través de una nota dirigida el día siguiente al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le señaló que la modificación tarifaria es “altamente regresiva” porque “afectará en mayor medida a los usuarios de menores consumos” debido a la mayor incidencia que tiene para éstos el aumento en el cargo fijo, y a que el aumento en el consumo variable fue igual para todos. La observación fue admitida por fuentes de la empresa licenciataria y también del Enargas. La nueva estructura tarifaria podría haber tenido un sesgo diferente con la simple aplicación de aumentos progresivos en función del consumo, o de ajustes diferenciados en el cargo fijo a favor de los más necesitados.

Si bien el parte oficial indicaba que el aumento para hogares era del 14 por ciento, la lectura del decreto muestra que se autorizó un aumento total que “en promedio no podrá superar el 15 por ciento”. Si 15 es el promedio, es inexorable que algunos le carguen más que eso, y, según lo visto antes, los perjudicados son los clientes de menores recursos. Según los cálculos de Mondino, el aumento trepaba por encima del 20 por ciento para bajos consumos (en general de hogares pobres) y bajaba a medida que subía el consumo. Ante la evidencia, el miércoles Gas Natural Ban se comprometió por escrito ante el Enargas a que más allá de lo que surgiera de la estructura tarifaria elaborada por el ente de control, nadie pagará con un incremento mayor al 14,8 por ciento.

Para colmo, en el nuevo cuadro tarifario no figura la categoría de tarifa social, pese a que en el Acta Acuerdo que firmó la Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos con la compañía española se incluyó una cláusula que crea ese instrumento. Es la claúsula 13, y dice entre otras cosas: “Se aplicará una tarifa social una vez que la autoridad apruebe la normativa correspondiente... Los potenciales beneficiarios serán determinados por la autoridad del área social del Poder Ejecutivo y serán beneficiados los hogares indigentes que cumplan requisitos relacionados con nivel de ingresos, composición del grupo familiar, situación ocupacional, características de vivienda y de salud... Los beneficiarios deberán encontrarse inscriptos en un padrón elaborado por un organismo oficial, y no deberán tener un consumo que supere valores establecidos”.

No hay ningún tipo de excusa y mucho menos el factor tiempo, ya que el mencionado acuerdo fue firmado el 20 de enero de 2006 y ratificado por decreto presidencial del 6 de abril del año pasado. Tuvieron más de un año para definir criterios y preparar la base técnica en la que apoyar la aplicación de una tarifa social.

Que el Ejecutivo no haya hecho los deberes para viabilizar la tarifa social, estaría reflejando dos cuestiones que no necesariamente se excluyen: la falta de una profunda convicción política en el tema que motive e impulse la tarea, y un serio problema de funcionamiento burocrático. Complementariamente, el caso abona la impresión de que en los trazos finos de la política económica el Gobierno califica muchísimo peor que en los gruesos lineamientos.

En este caso, la falencia implica desaprovechar una oportunidad para achicar la brecha social y, encima, dejarla peor que antes. Para traducirlo a términos más concretos, considerando nada más que la ausencia de una tarifa social se ven perjudicados estimativamente entre un 15 y un 20 por ciento de los clientes residenciales de la licenciataria; es decir, alrededor de 200.000 hogares en condiciones deficientes como las previstas hace más de un año, que van a abonar un aumento que no deberían.

A propósito de gas, tarifa social y escasez de trazo fino, y para no olvidar que los más pobres entre los pobres son millones que ni siquiera acceden al gas por red: ¿en qué andará el plan de abastecimiento de garrafas a precio subsidiado? Tema para otra nota.

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