El tan reclamado aumento en la tasa de inversión requiere de al menos dos elementos: expectativas de demanda y rentabilidad que estimulen la ampliación del capital productivo, y fuentes de financiamiento para su realización. Al respecto, el sistema bancario está cumpliendo un rol cada vez más protagónico para lo primero, pero su aporte al proceso de acumulación de capital es muy exiguo, y nada indica que esto último vaya a mejorar sin una drástica intervención estatal en el asunto.

El último informe sobre bancos que difundió el Banco Central muestra que en octubre las líneas de crédito al sector privado que más crecieron fueron la financiación vía tarjetas de crédito, los préstamos personales y los prendarios; y en el acumulado del año el liderazgo lo mantienen los préstamos personales y los prendarios con subas de 64 y 60 por ciento respectivamente, bien por encima del alza total del 41 por ciento.

Según estimaciones de Javier González Fraga, los créditos al consumo (25.000 millones de pesos) representan más de 5 puntos porcentuales del total del consumo privado, que es una proporción nunca alcanzada desde comienzos de la convertibilidad. Y el cálculo no toma en cuenta los préstamos hipotecarios (13.800 millones), que si bien no entran en la categoría de préstamos al consumo, tampoco constituyen un financiamiento a la expansión del capital productivo de las empresas.

El crédito al consumo por parte de los bancos se ha potenciado mediante la utilización del fideicomiso, un instrumento cada vez más de moda en el sistema financiero. En términos muy sencillos, un fideicomiso se arma cuando un banco “empaqueta” una cartera de préstamos personales o cupones de tarjetas y lo cede a un administrador fiduciario que emite un bono respaldado por esa cartera para colocar entre inversores (AFJP, compañías de seguro, etc.). El objetivo del banco es hacerse de efectivo más rápido para realimentar el circuito de préstamos. La ventaja para los inversores deriva del alto rendimiento relativo del bono, que es posible de ser pagado por el banco de origen, ya que la tasa de interés que cobra por los activos que cede al fideicomiso es más elevada aún. Según el mencionado informe del Banco Central, en los primeros diez meses del año “las emisiones de fideicomisos con cartera generada por entidades financieras llegaron a 1770 millones de pesos, de los cuales 90 por ciento tuvo como activos subyacentes préstamos destinados al consumo de las familias”. Además están los fideicomisos que se arman con carteras de préstamos personales cedidas por cadenas comerciales, en particular de electrodomésticos.

Del total de 104.000 millones de crédito bancario a privados (el doble que dos años atrás), las empresas son destinatarias de más de la mitad, pero con la particularidad de que se trata de préstamos a corto plazo a través de adelantos en cuenta corriente, descuento de cheques, leasing o prefinanciación de exportaciones. En líneas generales, se puede decir que para las empresas los bancos son el vehículo para financiar capital de trabajo y sólo en una ínfima porción para financiar la compra de maquinaria o vehículos mediante el leasing o crédito prendario.

Queda como conclusión que el sistema bancario está desvinculado casi por completo del financiamiento a largo plazo, y por ende de cualquier proyecto de inversión que requiera un tiempo prolongado de maduración.

La ausencia de crédito bancario a largo plazo para inversión afecta especialmente a las pymes, que tienen menor acceso a otras fuentes de financiamiento y menos capital propio.

Entre las múltiples causas de esta disfuncionalidad hay factores histórico-culturales, está el cortoplacismo de los depósitos que generaría descalce con créditos largos, la falta de una moneda confiable (la prohibición de prestar en dólares y de indexar deja como una alternativa el crédito en pesos a tasas prohibitivas), y el conformismo de los banqueros con un negocio que tal como está arroja ganancias.

Es utópico pensar que estos condicionamientos pueden desaparecer rápidamente. De ahí la urgencia para que el Estado asuma un rol mucho más activo en el financiamiento de la inversión, ya sea a través de la banca pública existente, de una nueva, o mediante mecanismos indirectos. Y esa mayor participación estatal debería ser usada, además, para mejorar el perfil productivo y desconcentrar el poder.

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