El lanzamiento del programa de créditos hipotecarios Pro.Cre.Ar. es una típica medida anticíclica ante la presencia de un escenario de desaceleración económica. El promedio anual de soluciones habitacionales viene triplicándose, desde 2003, respecto de las dos décadas previas. Las 886.420 respuestas habitacionales (viviendas terminadas y en ejecución) beneficiaron a casi 4 millones de personas. En ese marco, el Pro.Cre.Ar. vendría a complementar los planes en curso.

Un antecedente de esta activa política de vivienda registra algunos antecedentes en la historia argentina. Una de ellas fue la política de viviendas populares programada por el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Ese plan preveía la construcción pública y privada, durante el trienio 1974-1977, de 815.000 viviendas. De ese total, un poco más del 60 por ciento (515.000 viviendas) sería construido por el Estado. A tal fin se afectaron los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), cuya recaudación procedía de un porcentaje (1,5 por ciento) de la comercialización de ganado vacuno destinado a faena y del 2,5 por ciento de aporte patronal sobre las remuneraciones. El financiamiento del programa se completaba con recursos aportados por el Banco Hipotecario Nacional.

Los diseñadores del Plan Trienal entendían que la política de construcción de viviendas populares estaba llamada a jugar un rol central en el impulso a la actividad económica. Su ejecución quedó en manos del lopezreguismo que, precisamente, mantenía una sorda disputa con los responsables del Plan Trienal. Bajo la conducción del subsecretario de Vivienda y Urbanismo, ingeniero Juan Carlos Basile, diseñaron un programa articulado sobre la base de tres módulos:

- Plan Alborada: destinado a la erradicación de villas miseria, ranchos o viviendas precarias. El universo potencial de beneficiarios incluía también a las personas que habitaban pensiones o eran residentes en zonas fronterizas.

- Plan Eva Perón: préstamos individuales reservados a personas que dispusieran de terreno propio.

- Plan 17 de Octubre: desembolsos a sindicatos, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, mutualistas, dedicados a la construcción de viviendas para sus afiliados/asociados.

El programa proyectaba financiar la construcción de 188.700 viviendas del Plan Alborada, 107.000 del Eva Perón y 214.000 del 17 de Octubre.

La lógica de ese reparto no era ajena a la cuestión política.

El Ministerio de Desarrollo Social observaba con recelo el intenso trabajo territorial (alfabetización a adultos, apoyo escolar, asesoría jurídica gratuita, dispensarios médicos, recreación infantil, reparto de leche, organización de grupos de trabajo para el cavado de zanjas y pavimentación de calles) desarrollado por la izquierda peronista y no peronista en villas y barrios carenciados. Los menores recursos asignados a la población “villera”, en relación a los otros planes, y los mayores niveles de subejecución registrados en el Plan Alborada, encuentran su explicación en esa puja política.

En su trabajo El tercer gobierno peronista y las villas miseria de la ciudad de Buenos Aires (1973-1976), la socióloga Alicia Ziccardi explica que “la política de construcción de viviendas nuevas, aunque fuesen definitivas, se contraponía a la principal reivindicación de los trabajadores de las villas: la expropiación de las tierras que ocupaban y el mejoramiento de sus viviendas o la construcción de nuevas viviendas en sus localizaciones originales”. Los funcionarios desecharon sistemáticamente cualquier instancia de participación vecinal. El arquitecto Oscar Yujnovsky explica en Claves políticas del problema habitacional argentino 1955-1981 que, a pesar de que la ejecución de viviendas apenas alcanzó un cuarto de lo proyectado, “implicó un incremento cierto de la actividad del sector público y una participación mayor de los sectores de menores recursos en el mercado de la vivienda”

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