Se trata de una zoncera muy instalada. Es la de quienes sostienen que si el Estado participa en la economía, sólo molesta o genera problemas. Parafraseando a Adam Smith, si dejáramos actuar libremente a las fuerzas del mercado, con el transcurso del tiempo “la mano invisible” se encargará de acomodar los problemas que surjan. La cuestión del papel del Estado en la economía fue planteada en principio por el filósofo y economista John Stuart Mill a mediados del siglo XIX. Su teoría, adaptada a estos tiempos, se puede sintetizar en que el rol del Estado en una sociedad democrática con una economía de mercado es subsidiario, es decir que participa en todo aquello que, siendo necesario para el bienestar y la prosperidad de la comunidad, los particulares no pueden hacer ni se espera que hagan, como, por ejemplo, construir un puente o lanzar una campaña de alfabetización. El principio de subsidiaridad implica también que el Estado no debe “dejar hacer, dejar pasar”, porque si así fuera tiende a imperar la ley de la selva.

La idea de un Estado que no intervenga en la economía se ha establecido como principio neoliberal. En este enfoque sólo debe centrarse en su función de mínimo regulador para que el mercado pueda actuar “según el libre juego de la oferta y la demanda”. Sin embargo, está comprobado que en algunos mercados (especialmente los de países subdesarrollados) no funciona adecuadamente el esquema demanda-oferta. Por ello se torna imprescindible la intervención estatal a los efectos de corregir los desequilibrios producidos por las imperfecciones del mercado. Muchas de estas fallas son producto de la participación de monopolios y oligopolios tanto de producción como de comercialización, que terminan originando perjuicios a la sociedad en general.

Por ello, en respuesta a las mencionadas fallas del mercado, en las economías modernas el Estado asume mayor participación. La defensa, la Justicia y la acción social son ejemplos de actividades típicas del Estado, que además suele regular algunas actividades como la financiera o la de los medicamentos, y subvenciona otras como la educación y la salud pública. Si igual se sigue creyendo que es adecuado que exista una actividad (en esta caso la económica) sin reglas, vale entonces cambiar de ejemplo: que sea el sistema de tránsito el que no tenga ninguna regulación. Que no haya semáforos, manos y contramanos, sendas peatonales, que no haya límites de velocidad ni ningún tipo de penalización (claro, si no hay reglas, no hay castigos). La primera cuestión que surge es preguntarse si en esas condiciones se podrá circular. Parece francamente muy difícil. Pero si aun de manera imperfecta llegara a funcionar, aparece la segunda pregunta: ¿quiénes son los que van a avanzar en ese caos de tránsito?

Esto es exactamente lo mismo que pasaría en una economía sin regulación: los mercados no funcionarían, o si lo hacen, sólo será a favor de los más grandes. El Estado debe ser el árbitro en la economía, velando además por los intereses de los más débiles

* Profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

[email protected]