Las pymes necesitan una nueva ley de riesgos del trabajo. La actual, la 24.557, tiene la concepción de una época centrada en lo financiero y no en lo productivo. Además, con los sucesivos fallos de la Corte Suprema, que anularon cerca de la mitad de los artículos, quedó desintegrada, dejando hoy una ley inoperante, injusta e, incluso, inequitativa. La ley sobre riesgos del trabajo afecta a trabajadores y empresarios pymes por igual. Los objetivos claros que debería perseguir son: la prevención como eje central, la asistencia médica, la indemnización adecuada y la continuidad de la unidad productiva, la empresa.

Las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART), que originalmente son empresas financieras y de seguro, concentran toda la actividad, se dedican a la inspección y asesoría de sus propios clientes, a sostener un sistema de salud y auditoría para desechar dolencias fuera de encuadre, al pago de indemnizaciones y, finalmente, a sostener su propia organización administrativa, de las Comisiones Médicas y generar utilidades que permitan mantener el sistema.

Como siempre, lo simple es lo más difícil. Por eso creemos que:

- La prevención requiere de formación y capacitación, que puede estar a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, bomberos o las propias entidades aseguradoras; y que requiere también del control a cargo de la Policía de Trabajo de cada jurisdicción que, de hecho, ya inspecciona y se ocupa de este tema.

- Con respecto a la asistencia médica, tenemos un sistema de salud en el cual el trabajador elige su propia obra social y merece ser atendido por quien él mismo eligió. Debe tener un solo prestador, independientemente del origen de su dolencia. Evitar un doble sistema y conflictos sobre el origen del accidente se traduce en eficiencia.

- La indemnización podría seguir en manos de las hoy ART con un reaseguro estatal; o directamente crear un Fondo Nacional que le garantice a todo trabajador su justa indemnización. Hoy, la ley prevé una forma indemnizatoria distinta de la que aplica la Justicia, lo que constituye una verdadera industria del juicio. El monto de diferencia no puede ser cubierto por seguro alguno, lo que constituye un riesgo severo a la continuidad de una empresa pequeña o mediana. Muchos juicios se evitarían si la propuesta indemnizatoria de la ley fuera idéntica a la que obtendría en una sentencia.

Solidaridad y racionalidad

Si lo que buscamos como sociedad es que las víctimas no queden sin compensación o atención adecuada y que sus empleadores no deban cerrar las fuentes de trabajo debido a que tuvieron un infortunio, entonces todos los empleadores –grandes o pymes– deberían pagar el mismo porcentaje sobre la masa salarial y todo ese aporte debería conformar un fondo para atender el pago de la atención médica y de las indemnizaciones.

El castigo sobre las empresas que no cuidan a sus trabajadores debe ser individual, creando sobretasas según los resultados de las inspecciones y un scoring de accidentes.

Si una pyme emplea a 54 personas para facturar lo mismo que una gran empresa consigue con sólo un trabajador, esto significa que esa pyme está 54 veces más expuesta a sufrir accidentes y la incidencia de la prima de las pólizas en su costo general es mucho mayor que para una gran empresa.

Si estamos construyendo una sociedad más justa, si estamos luchando para bajar el desempleo, si la mayor circulación de dinero beneficia a la sociedad en su conjunto, no se entiende por qué una gran empresa no puede aportar a un sistema solidario en materia de accidentes de trabajo abonando lo mismo que una pyme.

Entonces, la propuesta es que se piensen soluciones verdaderas en beneficio de todos, trabajadores y empresarios. Equiparar a las grandes empresas en sus obligaciones al resto de las compañías del país sería un acto de justicia

* Presidente de Cgera.