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Una Nueva Política debe formar parte del agenda del futuro urbano en Buenos Aires. Es aquella que coloca como estratégico el rol del Estado local en la realización y/o fortalecimiento de lo público. Los sectores medios y de bajos ingresos de la ciudad se merecen la presencia activa de un Estado que posibilite la producción masiva de bienes públicos como cometido central de su política, desplazando a la lógica del mercado como único regulador y generador de tales bienes. Tal primacía no supone, sin embargo, colocar al Estado como exclusivo generador de los bienes y servicios que son indispensables para la subsistencia de la población. Estos objetivos pueden también alcanzarse a través de la organización de los sectores sociales directamente beneficiados. Es decir, acompañando al Estado pueden estar presentes organizaciones que provean bienes públicos a la población y que operen sin ánimo de lucro, en forma solidaria y asociativa, con el consiguiente manejo por afuera del mercado capitalista. Por ejemplo, bibliotecas, clubes, organizaciones sociales de base, cooperadoras escolares, mutuales, cooperativas de todo tipo. La valorización de este sector es esencial en el proceso de construcción social de la ciudad para un futuro con bienestar para todos. En primer lugar, es imprescindible encarar una estrategia articulada entre los que producen alimentos necesarios para cubrir una canasta básica y los consumidores de tales bienes. Para ello, experiencias en marcha que se han estado reproduciendo en distintos espacios del país deben ser replicados dentro del perímetro de la ciudad. Por caso, las ferias populares organizadas en numerosas ciudades que se nutren de experiencias productivas solidarias provenientes de la agricultura familiar y que acercan en forma directa a los que demandan tales productos para su subsistencia cotidiana. Esas ferias suman más de 200 en todo el país, con particular incidencia en las provincias del Nordeste.

Es necesario poner en marcha la creación de mercados populares (como los de Lomas de Zamora, José C. Paz y Morón) y almacenes barriales, que ya han comenzado a instalarse en el Gran Buenos Aires, que comercialicen productos frescos y envasados, fruto de la actividad de campesinos y agricultores familiares, posibilitando así la adquisición por parte de todos los consumidores de bienes de primera necesidad a precios muy reducidos, a menos de la mitad de los que se ofrecen en los comercios tradicionales. De este modo, será factible valorizar el ingreso real de las familias y disminuir el fenómeno de carácter inflacionario estimulado por quienes quieren aprovecharse de la mayor capacidad adquisitiva de la población. Por otra parte, la presencia de esas bocas de expendio que no están animadas por el lucro privado impulsa a la baja, por la competencia, a los precios de aquellos productos que se comercializan en los establecimientos tradicionales.

La difusión de esta modalidad operativa –organizada en forma conjunta entre el Estado en sus diversos niveles jurisdiccionales locales y las organizaciones sociales de arraigo barrial– necesitan de legislación adecuada para su permanencia en la actividad, respetando sus principios solidarios y su factor de impulso a los procesos productivos de los pequeños agricultores periurbanos o del interior. Esta opción de combinar acción estatal con actores sociales comprometidos puede replicarse en muchos otros espacios sociales privilegiando la esfera de lo público.

La participación popular se convierte así en una valiosa colaboradora en la adopción de prácticas asociativas y solidarias que tiendan a valorizar el derecho a una ciudadanía plena

* Economista. Candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires.

Frente para la Victoria.