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La innovación constituye uno de los pilares en los que se apoya el desarrollo del mundo financiero. En un entorno de tasas de interés muy bajas, los intermediarios financieros buscan desarrollar nuevos negocios que les permitan contar con un menú variado de alternativas de inversión que cumplan con la regla de ofrecer mayores rendimientos a medida que los productos se tornan más riesgosos. La temible combinación de economistas (o financistas) y abogados ha logrado diseñar una de estas alternativas financieras de alta rentabilidad y riesgo, consistente en invertir en demandas judiciales en curso.

Grandes bancos, fondos especulativos y otros inversores institucionales se han volcado a financiar demandas judiciales de terceros, inyectando cientos de millones de dólares en litigios por motivos como mala praxis médica, juicios contra grandes corporaciones o divorcios millonarios, con la expectativa de obtener ganancias extraordinarias al compartir el resultado de fallos favorables. La lógica de este negocio radica en proveer recursos financieros –a altas tasas– que pueden utilizarse para costear pericias o gastos legales, apostando a la posibilidad de ganar casos judiciales no resueltos que incluyen reparaciones económicas.

Para desembolsar estos riesgosos préstamos, los inversores consultan bases de datos que incluyen parámetros como resultados de demandas judiciales similares previas o tendencias en los fallos observadas en determinadas jurisdicciones. Las rentabilidades de los créditos pueden ser muy elevadas llegando a valores cercanos al 20 por ciento en dólares, cuando un bono del Tesoro de los Estados Unidos a un año rinde cerca del 1 por ciento.

En un artículo publicado esta semana en New York Times se estima que los montos destinados a financiar estas demandas superan los 1000 millones de dólares. La necesidad de recurrir a esos préstamos se origina en los elevados costos de litigar. Casos vinculados con la mala praxis médica pueden requerir peritos o pruebas científicas que fácilmente superan los 100.000 dólares. Estas inversiones no han estado exentas de críticas que van desde inversores que han promovido causas de terceros, con el propósito de invertir y beneficiarse de las mismas, hasta trabajadores que han iniciado demandas sin saber que debían hacerse cargo de pagar los intereses de los préstamos contraídos por el estudio jurídico que los defiende. Este es el caso de los juicios iniciados contra la ciudad de Nueva York por trabajadores que contrajeron enfermedades al encargarse de la limpieza de los restos de las Torres Gemelas derribadas el 11 de septiembre de 2001. El estudio jurídico que concentró estas demandas representando a más de 9000 trabajadores incluyó en el contrato –aparentemente en letras muy pequeñas difíciles de visualizar– una cláusula que permitía cobrarles a sus clientes los intereses de los préstamos en que incurriera para avanzar con el juicio. La controversia suscitada entre las partes respecto de quién debía hacerse cargo de ese costo fue saldada por el juez de la causa quien ordenó que el estudio jurídico absorbiera esos costos con parte de sus ingresos, sosteniendo que si bien los abogados no habían cometido ningún acto ilegal, el monto de honorarios cobrado resultaba suficiente para cubrir estos pagos, que los trabajadores no tenían control sobre estos gastos y que tampoco quedaba del todo claro que los defendidos hubieran entendido la cláusula que les obligaba a pagar estos intereses.

Quienes defienden la existencia de estas modalidades financieras sostienen que sirven para emparejar la asimetría que deben enfrentar los demandantes que carecen de recursos suficientes para litigar con éxito ante abusos de compañías con mayores recursos

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