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Determinados anuncios o medidas económicas tienen un carácter más simbólico que práctico. La situación que vive España, caracterizada por un alto desempleo, arcas públicas desfinanciadas, inconformismo social y elecciones a la vista, constituye un territorio fértil para plantear modificaciones tributarias en sectores emblemáticos para la sociedad, entre los que se destaca la industria bancaria. Hace un par de semanas, el vicepresidente y candidato presidencial socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiró la primera piedra, declarando que “las entidades financieras deben compartir junto con los sectores más afectados el costo de la crisis”. Esta semana fue el turno del ministro de Trabajo e Inmigración ibérico, Valeriano Gómez, quien propuso que se impongan mayores impuestos a los salarios de los banqueros. “Las retribuciones a partir de un nivel que se considere máximo deberían tener una tasa impositiva mayor”, señaló el funcionario, lamentando que salarios de altos ejecutivos supe-ren en 1000 o 1500 veces la remuneración de los trabajadores que están al final de la escala retributiva.

La respuesta del lado empresario no se hizo esperar. El presidente de la patronal, Juan Rosell, sostuvo que estas iniciativas del gobierno para aumentar los impuestos a los banqueros son sólo declaraciones sin argumentación alguna. Sin embargo, no sólo el sector privado salió al cruce de esta propuesta. El secretario general del organismo que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo, explicó que la propuesta de Gómez no solucionaría los problemas de recaudación sino que se trataría más bien de un castigo social a la banca. Concretamente, el funcionario calculó que sólo 100 banqueros cobran más de un millón de euros, por lo que subir dos puntos la tasa impositiva a estos contribuyentes aportaría adicionalmente la exigua cifra de 2 millones de euros a las alicaídas cuentas estatales. Mollinedo sugirió en cambio apuntar en otra dirección, remarcando las grandes desigualdades que existen entre lo que pagan las pequeñas y medianas empresas en concepto de sociedades y lo que abonan las grandes corporaciones. El técnico estatal propuso gravar más fuertemente a estas grandes empresas, tributo que también alcanzaría a algunas entidades financieras de envergadura.

Por otra parte, esta semana entró en vigencia una nueva norma bancaria, que establece penalizaciones para aquellos depósitos que superen en más de 1 por ciento la tasa utilizada como referencia en el sistema financiero español (Euribor) a la que las entidades se prestan dinero entre sí. La disposición trata de desincentivar prácticas comerciales que puedan poner en peligro las entidades. El decreto que aprobó esta norma le permitió al Ejecutivo incorporar también algunos lineamientos a las remuneraciones de los ejecutivos financieros. La nueva regla obliga a crear un comité de remuneraciones que apruebe los sueldos más elevados, considerando el tamaño y la actividad de la entidad. Además prevé, en el caso de las entidades que reciban fondos públicos, que la parte variable de la remuneración de los ejecutivos sólo se pueda abonar si cuenta con la aprobación del Banco de España, organismo que tendrá facultades para limitar su tamaño.

Todas estas discusiones vuelven a poner sobre el tapete interrogantes referidos a cuál debe ser el abordaje que desde las políticas públicas se debe encarar hacia un sector tan sensible como el financiero. Quizás el punto de partida para analizar con ecuanimidad el tratamiento impositivo que deben recibir tanto los ejecutivos bancarios (en sus remuneraciones), las entidades financieras (en su operatoria y en sus utilidades), así como los inversores (en las distintas transacciones que realizan) pase por reconocer el carácter distintivo de esta industria, no perdiendo de vista su importancia estratégica dentro del funcionamiento económico y el hecho de que, cuando las papas queman, los costosos rescates financieros los termina pagando la sociedad en su conjunto

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