Las restricciones presupuestarias constituyen uno de los principales obstáculos que enfrentan los reguladores financieros de todo el mundo para supervisar eficazmente mercados y entidades privadas que se caracterizan por su constante innovación y por contar con generosos recursos monetarios. Los responsables políticos de diseñar presupuestos públicos no suelen mostrarse interesados en ampliar las partidas de fondos para organismos reguladores que no son capaces de aportar recursos al presupuesto nacional y que sólo salen a la luz para ser vilipendiados cuando estalla una crisis.

Sin embargo, un artículo publicado esta semana en el periódico inglés Financial Times presenta un panorama diferente. Las investigaciones sobre casos de corrupción llevadas a cabo por el regulador del mercado de capitales estadounidense (SEC) juntamente con el Departamento de Justicia de ese país le ha posibilitado al Tesoro norteamericano embolsar en tres años la nada despreciable suma de 3000 millones de dólares (0,3 por ciento del monto estimado que se paga en coimas por año), producto de acuerdos llevados a cabo con los denunciados para cerrar las investigaciones. Esta cifra les ha permitido a los reguladores financieros exigir mayores partidas presupuestarias necesarias para mejorar los controles. Los reclamos se dan en el contexto de una crisis económica que no termina de desvanecerse y donde persisten las críticas al accionar de los reguladores.

El artículo relata distintos casos acaecidos en los últimos años. Uno de ellos involucra a la empresa IBM, que agradecía servicios de funcionarios asiáticos invitándolos a hacer turismo en el exterior o directamente dejándoles bolsas con dinero en estacionamientos despoblados. En marzo de este año la compañía de computación norteamericana tuvo que abonar 10 millones de dólares en concepto de multas por violar la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Exterior (Foreign Corrupt Practices Act). En China también se detectaron casos en los que se gratificaba a los funcionarios regalándoles obras de arte que luego eran vendidas a precios elevados, efectivizándose los pagos en cuentas localizadas en paraísos fiscales.

Durante 2009 la compañía francesa Alcatel-Lucent financió viajes de capacitación para funcionarios chinos, cuyos cursos se dictaron en Disneyworld, en los Estudios Universal y en algunos establecimientos localizados en la lúdica ciudad de Las Vegas.

La nueva ley de regulación financiera aprobada por el Congreso norteamericano hace un año apunta a recabar mayor información, previendo recompensas que pueden alcanzar entre 10 y 30 por ciento de los fondos que finalmente se recuperen para aquellos que denuncien irregularidades. Otros gobiernos están imitando al de Estados Unidos. Inglaterra acaba de poner en vigencia una ley anticorrupción que le otorga amplios poderes al regulador británico, permitiéndole investigar casos que están relacionados con empresas inglesas aunque las mismas no estén localizadas en el Reino Unido. Un hecho destacado de esta ley es que incluye también la investigación de coimas en las que no están involucrados funcionarios públicos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) ha impulsado también distintas iniciativas en este sentido. Dentro de los países miembros de este organismo conviven diversas realidades. Transparencia Internacional presentó este año un informe en el que señaló que sólo siete países de esta organización tienen reglas vigentes para combatir este flagelo, nueve sólo han realizado esfuerzos moderados, mientras que veintiuna naciones prácticamente no han llevado adelante ninguna iniciativa.

Hasta hace pocos años los empresarios norteamericanos acusaban a su propio gobierno de tratarlos discriminatoriamente al perseguir casos de corrupción que sólo caían bajo su jurisdicción, mientras que algunos países europeos permitían alegremente que sus empresas dedujeran el pago de coimas de determinados impuestos. Un verdadero atropello a la libre competencia

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