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Alta confidencialidad y ausencia de impuestos para las empresas constituyen dos condimentos contundentes que explican el uso intensivo que algunos segmentos del mundo empresario hacen de los denominados paraísos fiscales. A estas innegables “ventajas”, suele sumárseles un marco regulatorio más laxo que el que existe en los países donde estas empresas verdaderamente operan. En lo que hace a la participación del mundo financiero en esos confortables centros financieros, se estima que más de tres cuartas partes de la industria de fondos especulativos de inversión (8000 compañías) se encuentra domiciliada en las Islas Caimán, administrando fondos que superan los dos billones de dólares.

Las sucesivas crisis financieras acaecidas en las últimas décadas han hecho que los supervisores de los países desarrollados fueran incorporando nuevas figuras legales buscando proteger a los inversores, intentando que las mismas se extendieran a los paraísos fiscales. Entre estos desarrollos normativos se destaca la aparición de los llamados directores independientes. Conceptualmente, la inclusión de esta figura obliga a las empresas que emiten obligaciones o que administran fondos de terceros a contar dentro de sus directorios con directivos que guarden cierta independencia respecto de quienes manejan la compañía, de forma tal de evitar posibles conflictos de interés, protegiendo fundamentalmente los intereses de accionistas minoritarios o de otros sectores interesados.

En este sentido, los fondos especulativos, aunque estén domiciliados en paraísos fiscales como las Islas Caimán, deben contar con directores independientes entre sus órganos de gobierno para poder administrar ahorros provenientes de países centrales. Esta obligación normativa ha hecho que se desarrolle una industria de directores independientes en paraísos fiscales que, si bien cubre los aspectos formales de la regulación, no parece tutelar el objetivo para el que fuera creada.

Una investigación llevada a cabo por el periódico inglés Financial Times señala que un muy pequeño y selecto grupo de profesionales domiciliados en las Islas Caimán son designados directores independientes en cientos de fondos especulativos con el propósito de cubrir esta formalidad. Del informe surge que al menos cuatro personas ocupan esas posiciones en más de cien directorios cada uno, cobrando aproximadamente 30.000 dólares anuales por cada cargo. En 2006, y en una muestra de lo eficientes que pueden resultar algunos actores del mundo financiero, una sola persona llegó a ocupar el cargo de director independiente simultáneamente en 567 compañías, la mayoría de las cuales eran fondos especulativos.

Obviamente, el tratamiento ligero, por llamarlo de alguna forma, que se da en estos centros a regulaciones que deberían proteger a inversores ha dado lugar a algunos inconvenientes. Uno de estos casos ocurridos en las Caimán, que llegó a los tribunales estadounidenses, fue el del fondo Beacon Hill Asset Management, una compañía que invirtió en instrumentos de alto riesgo y colapsó en 2002, asumiendo pérdidas por 300 millones de dólares. La Corte Suprema de Nueva York determinó que los directores independientes de la compañía “no mantuvieron ninguna reunión desde el día en que el fondo fue creado hasta el día en que quebró, señalando en que nunca revisaron ningún estado financiero de la compañía”. Los criterios de independencia que se les exigen a estos directores resaltan la necesidad de que no existan conexiones entre éstos y las autoridades de la compañía. El caso más sonado de fraude en las Caimán en un fondo especulativo fue el efectivizado en 2009 por varios cientos de millones de dólares en la empresa Weavering Capital, cuya casa matriz se localizaba en Londres. Los directores independientes encargados de vigilar a las autoridades eran, casualmente, el hermano y el padrastro del presidente de la compañía, quienes gracias a su actuación terminaron multados en la módica suma de 111 millones de dólares cada uno

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