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Hay que reconocer que los españoles se caracterizan por llamar a las cosas por su nombre. Las tapas de los diarios ibéricos se han entretenido estas semanas discutiendo la necesidad del gobierno electo de crear un banco “malo” con el objetivo de sanear la situación complicada por la que atraviesan las entidades financieras de ese país. Conceptualmente esta medida consiste en transferir todos los préstamos en problemas vinculados al sector inmobiliario que hoy se encuentran en los balances de las entidades españolas a un nuevo banco “malo” creado y administrado por el Estado. A cambio de entregar esos créditos inmobiliarios problemáticos, las entidades financieras recibirían, por ejemplo, títulos públicos que podrían usar como garantía para obtener fondos por parte de la banca central española y europea. En principio el concepto de “malo” se refiere a la calidad crediticia de los activos que recibe el nuevo banco; aunque algunos mal pensados atribuyen el carácter malvado de esta operatoria al hecho de que son los contribuyentes los que en definitiva deben terminar pagando estos rescates del sistema financiero.

La idea de que el Estado absorba los créditos “malos” otorgados por los bancos ya ha sido implementada con resultados diversos en todo el mundo, pudiendo mencionarse dentro de Europa los casos de Inglaterra, Holanda, Irlanda y Alemania. La clave de esta operatoria radica en el precio que el Estado finalmente pague por estos activos problemáticos. Si el Estado paga un precio alto por esos créditos, por ejemplo el valor al cual están artificialmente contabilizados en los balances de los bancos, éstos se verán beneficiados por este intercambio. Si, por el contrario, el banco “malo” paga precios de mercado que se encuentran muy por debajo del valor contable, las entidades son las que deberían asumir pérdidas, debiendo conseguir nuevos fondos para recapitalizarse. Irlanda optó por un modelo donde el Estado pagó precios de mercado por los créditos en problemas, mientras que Alemania optó por una estrategia más protectiva para la industria financiera abonando el valor contable de esos préstamos.

Los motivos para crear bancos “malos” son variados. En este caso concreto intentan llevarles tranquilidad a los depositantes españoles respecto de la fortaleza del sistema financiero para prevenir corridas como la que está sucediendo en Grecia. Por el otro, buscan sanear la cartera de préstamos de los bancos, permitiendo de esta forma que las entidades vuelvan a otorgar créditos que sirvan para reactivar la alicaída economía española.

Para complejizar aún más el tema, dentro de los propios bancos coexisten posturas antagónicas respecto de la forma en que debería implementarse el saneamiento. La sola mención de la palabra rescate puesta en boca de voceros oficiales puede tener un efecto inverso al buscado si termina provocando una mayor desconfianza en los depositantes. Asimismo, gran parte de los analistas afirma que, como resultado de la crisis, cambiará drásticamente la fisonomía del sistema financiero español que se concentrará fuertemente en unas pocas entidades.

En este marco, el nuevo gobierno conservador que asumirá en España en unos días enfrenta una dura encrucijada a la hora de decidir qué hacer con el sistema financiero. La idea de destinar mayores fondos públicos en épocas de sequía a la creación de un banco “malo” que rescate al sistema financiero recibe palos desde distintos lugares. Por un lado, el hecho de incrementar el gasto y el endeudamiento contradice la iniciativa de unión fiscal europea que pregona Alemania, donde los déficit públicos y niveles de deuda de los países de la región deben limitarse. Por el otro, se agudizan cada vez más las demandas económicas, sociales y políticas de una sociedad duramente castigada por el desempleo y el descreimiento

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