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El mundo financiero se ha vuelto cada vez más exigente. Hasta hace unos pocos años sacarse un diez y mantenerlo no era tan difícil. En algunos casos, bastaba con seguir las consignas establecidas, interactuar codo a codo con el calificador y, por supuesto, pagarle puntualmente la onerosa factura en retribución por sus servicios. Después de algunos fiascos bastante fieros donde los alumnos calificados como sobresalientes defraudaron las expectativas depositadas en ellos, los responsables de calificar decidieron cubrirse de las críticas y empezaron a repartir bochazos a troche y moche. Dentro de este pelotón de castigados incluyeron, imprudentemente, a los estados de los países más poderosos del planeta. Así fue que en agosto del año pasado, la agencia de calificaciones Standard and Poor’s (S&P) degradó por primera vez en su historia nada menos que a los Estados Unidos, reduciendo la calificación máxima que orgullosamente ostentaba, repitiendo esta atrevida movida hace dos semanas con la deuda de Francia, Portugal, España y de otros países europeos.

La situación parece recrear la célebre fábula del Doctor Víctor Frankenstein, quien terminó destruido por un ser que él mismo había creado. Los Estados nacionales a través de los reguladores financieros fueron responsables de que las agencias calificadoras ganaran protagonismo y negocios en las últimas décadas, gracias al rol preponderante que le asignaron dentro del mundo financiero. Hoy, su creación se ha vuelto en su contra generando desconcierto en las autoridades.

En este contexto puede enmarcarse el allanamiento que agentes de la policía italiana de la división de delitos fiscales llevaron a cabo en las oficinas de S&P en la ciudad de Milán. El operativo constituyó un nuevo paso en la investigación que está llevando a cabo desde hace algunos meses la Fiscalía de Trani, en la que se acusa a las agencias de calificación de manipular el mercado con “juicios falsos, infundados o incluso imprudentes”, a partir de una demanda interpuesta contra ellas por dos asociaciones de consumidores. Estos hechos volvieron a poner a S&P en el centro de la tormenta, luego de que fuera criticada duramente hace un par de años por asignar, junto con las otras agencias, las máximas calificaciones a valores hipotecarios de alta complejidad que colapsaron durante la crisis financiera. El avance por vía judicial parece poner en evidencia la impotencia de las autoridades políticas para diseñar un marco normativo superador que permita regular apropiadamente el funcionamiento de las calificadoras, terminando con la fuerte dependencia que el mundo financiero tiene de las mismas.

Mientras tanto, la lista de detractores del accionar de las calificadoras parece crecer día a día. El vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, acusó esta semana abiertamente a estas agencias de “trabajar a favor del dólar” con sus continuas degradaciones de la deuda de los países de la Unión Europea. Sin mayores dotes diplomáticas las tildó de “chantajistas”, debido a que sus últimos movimientos se realizaron antes de que el Consejo de la Unión Europea examinara la posibilidad de aprobar un impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin.

Por ello, Tajani considera necesario acelerar la puesta en marcha de una agencia de calificación europea que actúe de forma efectiva, con autonomía y transparencia y que “no trabaje al servicio del partido de la especulación”. En un sentido más o menos similar se manifestó el Instituto Alemán de Economía que propuso que el Banco Central de Alemania (Bundesbank) comenzara a actuar como una agencia de calificación.

La respuesta de S&P vino de la boca de su presidente Doug Peterson, un ex ejecutivo del Citigroup, quien después de que su agencia degradara a casi todo el mundo calificó, como no podía ser de otra manera, con una nota muy alta a su propia tropa señalando: “El equipo de analistas que tenemos en deuda soberana en S&P es de primera clase”

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