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La Argentina era la “niña mimada” de los organismos financieros internacionales, en los noventa. Los informes técnicos realzaban los “progresos económicos significativos”, hasta pocos meses antes del derrumbe. El 5 de julio del 2000, el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) –el francés Michel Camdessus– aseguró que la convertibilidad está “firme por mucho tiempo, porque la productividad de la economía sigue creciendo”. Por su parte, el director ejecutivo del FMI, Stanley Fischer, veía “signos alentadores” en la economía local. La crisis del 2001 terminó con el espejismo. El Premio Nobel de Economía, Finn Kydland, sostuvo que “para 2002 Argentina no sólo había perdido su status (falso) de exitoso, sino que había llegado a ser un contraejemplo mundial, pasando de chico de poster al cesto de papeles”. El caso argentino está lejos de ser único. Es muy amplio el listado de “economías modelo” que terminan derrumbándose como castillos de naipes. En 2002, Rodolfo Terragno soñaba con ser el próximo presidente argentino. El dirigente radical viajó para conocer de cerca el “milagro” económico irlandés.

El programa de rebajas de impuestos y liberalización económica era considerado la “panacea”. En su columna de La Nación, Mariano Grondona señalaba “el ejemplo irlandés prueba que la receta económica para crecer a partir del ‘déficit cero’ cura efectivamente a los países enfermos de desborde fiscal”. No bien los dirigentes políticos, económicos y sociales del país así lo reconocieron, elaborando a partir de ahí un programa racional que todos aceptaban, el tigre celta se puso a rugir. Lo cierto es que el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 provocó una aguda crisis. El desempleo se cuadruplicó y la deuda pública escaló a más del 120 por ciento del PIB. El “tigre celta” se convirtió, en meses, en un vulgar gato tercermundista.

En otros tiempos, el gobierno norteamericano exhibía a Puerto Rico como ejemplo a seguir para el resto de las naciones centroamericanas. Ese “modelo” incluía la cesión de la soberanía puertorriqueña a cambio de subsidios y tratos preferenciales. El status de Estado Libre Asociado (ELA) le confirió un reparto de competencias similar a los otros 50 estados de la Unión, aunque con mayor autonomía en materia fiscal y cultural. Los ciudadanos puertorriqueños eligen, desde 1952, sus autoridades locales (gobernador, legisladores, alcaldes).

En los setenta, el Congreso de Estados Unidos aprobó beneficios fiscales para la radicación de industrias farmacéuticas en Puerto Rico. El profesor panameño Nils Castro explica en El desastre de Puerto Rico. La Alternativa que “desde los años ’90 Estados Unidos procuró tratados de libre comercio con países del continente, y al cabo México, República Dominicana y Centroamérica pasaron a ser más atractivos para fabricar manufacturas destinadas al mercado norteamericano. Para colmo, en 2006 concluyeron los incentivos para mantener compañías farmacéuticas en la isla y un creciente número de ellas abandonó el país, disparando una mayor crisis del empleo”. En la actualidad, la economía puertorriqueña atraviesa serias dificultades. Las dos décadas de estancamiento económico provocaron fuerte emigración a los Estados Unidos. La cantidad de puertorriqueños (4,7 millones) viviendo en ese país supera a los residentes en el ELA (3,7 millones). A su vez, el 40 por ciento de las familias está por debajo de la línea de pobreza y la deuda pública supera el ciento por ciento del PIB. En febrero, la calificadora Standard and Poor’s degradó la deuda a la categoría de bonos basura. Días después, Moody’s hizo lo mismo. The Economist rebautizó a la otrora “Vitrina del Caribe” como “la Grecia del Caribe”.

Las autoridades locales contrataron como asesora a una vieja conocida de la Argentina: Anne Kruegger. La ex funcionaria del FMI recomendó la implementación de un clásico paquete de ajuste: rebaja del salario mínimo, disminuir a la mitad las vacaciones pagas, alargar los períodos de prueba de seis meses a dos años, facilitar el despido de trabajadores, elevar impuestos, reducción de sueldos y despido de empleados públicos, cierre de escuelas estatales, recortes a los subsidios destinados a la Universidad de Puerto Rico.

En ese marco, los fondos buitre sobrevuelan la economía puertorriqueña. A fines de junio, el gobernador anunció que no estaba en condiciones continuar cancelando la deuda de 73.000 millones de dólares. El status político de Puerto Rico (ELA) le impide acogerse al mecanismo, previsto en el capítulo 9 del Código de Quiebras, que rige para el resto de los 50 estados norteamericanos. “Puerto Rico no es una ciudad estadounidense como Detroit, ni es un país soberano como Grecia. Así que es la primera vez que un estado no se puede acoger al Fondo Monetario Internacional ni tampoco a la ley de quiebras de Estados Unidos”, explica el presidente del Senado puertorriqueño Eduardo Bathia.

Los buitres conocen ese “limbo” jurídico y arremeten contra la “Grecia del Caribe”.

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@diegorubinzal