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“Las relaciones entre Macri y Rajoy son entrañables”, declaró el canciller español José Manuel García Margallo. El funcionario sostuvo que los programas de gobierno del Pro y del Partido Popular (PP) son “muy parecidos”. Las relaciones del macrismo con la derecha española son conocidas y de vieja data. Las simpatías partidarias se han visto reflejadas en diversos acontecimientos: actividades conjuntas de los think tanks de ambos espacios (Fundación Pensar-Pro; Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales-PP), viaje de Mauricio Macri a Madrid en septiembre de 2011 para apoyar la candidatura presidencial de Mariano Rajoy, designación del ex presidente español José María Aznar como ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participación de dirigentes del Pro en carácter de invitados en las convenciones del Partido Popular.

En la actualidad, ambos gobiernos están siendo denunciados por criminalizar la protesta social. La represión contra trabajadores (Cresta Roja, municipales platenses) y la detención de Milagro Sala, encendieron luces rojas de organismos defensores de derechos humanos de la Argentina y el mundo. A su vez, las principales centrales sindicales españolas (Confederación Sindical de Comisiones Obreras –CCCO–, Unión General de Trabajadores –UGT–) vienen coordinando diversas acciones bajo el lema “Huelga no es delito”. El detonante fue el juzgamiento de ocho sindicalistas y trabajadores de Airbus por incidentes callejeros ocurridos el 29 de septiembre de 2010. Ese día, los gremios habían convocado a una huelga general en rechazo de la reforma laboral que redujo montos indemnizatorios. El paro de actividades culminó en un enfrentamiento entre trabajadores y policías en las puertas de la empresa Airbus en Getafe. La Fiscalía solicitó una condena de ocho años y tres meses de cárcel para los “8 de Airbus”. El severo requerimiento fiscal, apelando a un polémico artículo del Código Penal, esta en consonancia con el “punitivismo” promovido por el gobernante Partido Popular.

El sometimiento a proceso judicial de esos trabajadores no es un hecho aislado. Más de 300 personas están siendo juzgadas, algunas ya condenadas, por participar en organizaciones y convocatorias a huelgas sindicales. El derecho a huelga estuvo prohibido en España en el régimen franquista. La muerte de Franco multiplicó el accionar sindical. Las huelgas se propagaron por todo el territorio español entre diciembre de 1975 y febrero de 1976. La muerte del dictador abrió las compuertas a la difícil transición política. El lunes 24 de enero de 1977, grupos ultraderechistas atentaron contra un estudio de abogados laboralistas vinculados a las CCOO y el Partido Comunista Español. El trágico saldo de la “matanza de Atocha” fue cinco personas asesinadas y cuatro gravemente heridas. Uno de los sobrevivientes del atentado, el profesor de Derecho Constitucional Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell señala en La memoria incómoda: Los Abogados de Atocha 1977/2002 que “el atentado de Atocha fue un golpe contra el corazón de la transición. El propio despacho de Atocha era un símbolo especial en la lucha antifranquista y de asesoramiento a las trabajadoras y trabajadores; como también lo eran muchos otros despachos en Madrid, Barcelona y otras ciudades; eran islas de libertad donde los movimientos obrero y ciudadano fueron desarrollándose... a partir de aquel momento las conversaciones con la oposición democrática se intensificaron, incluso en la elaboración de la normativa que iba a ser clave en la celebración de las primeras elecciones democráticas, tras cuarenta largos años de dictadura, el 15 de Junio de 1977”.

Finalmente, la Constitución española de 1978 reconoció la libertad sindical y el derecho a huelga. Desde el retorno de la democracia, los sindicatos españoles convocaron a ocho huelgas generales: cuatro en las presidencias del socialista Felipe González, una en el gobierno de José María Aznar, dos con José Luis Rodríguez Zapatero y dos en la administración Rajoy. La novedad es que las autoridades españolas decidieron recurrir al Código Penal para perseguir a los huelguistas. La criminalización de la protesta social goza de buena salud.

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@diegorubinzal