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El 19 de febrero, el juez Griesa emitió un fallo prometiendo restablecer las cautelares y, por lo tanto, desbloquear los pagos a los acreedores que ingresaron a los canjes 2005 y 2010. De esa manera, debilitó la capacidad de extorsión de los fondos buitres, empujando Paul Singer y otros buitres para que acepten la oferta del gobierno de Macri. Esa situación dio pie para que algunos economistas y periodistas oficialistas presentaran a Griesa como “un amigo de Argentina”, en un intento de romper la mala imagen del juez norteamericano en nuestra sociedad. Desde esa nueva óptica, Griesa habría sido víctima de una campaña de desprestigio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que, con fines electoralistas, demoró injustificadamente la solución del conflicto, montando una campaña nacionalista contra los buitres.

Esa presentación de los hechos no toma en cuenta que el fallo Griesa condiciona el levantamiento de la cautelar a derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y abonar la totalidad de lo pactado con los buitres y holdouts que acordaron con Argentina. De esa manera, la “amistad” de Griesa debe evaluarse a la luz de lo que implica eliminar esas leyes y los acuerdos alcanzados.

Comenzando por esto último, implican un claro beneficio para los litigantes que obtendrían pagos en efectivo y muy superiores a los de los bonistas que aceptaron los canjes 2005 y 2010. Las diferencias van desde un piso de un 50 por ciento por encima del valor nominal de los bonos en el caso de bonistas italianos que ni siquiera tenían un fallo a favor; a valores que superan entre un 100 y más de 200 por ciento ese valor nominal, para los buitres que los compraron a un precio de remate en el mercado secundario, además de comisiones y honorarios judiciales.

El monto total de los pagos es fruto de discusión y rondaría entre los 8000 millones de dólares, hasta unos 12.000-15.000 millones en caso de lograrse acordar con el total de los holdouts. Para hacer frente a esos pagos, Argentina emitirá bonos en el exterior a tasas cercanas al 8 por ciento, sumando entre 600 y 1200 millones de dólares anuales en intereses.

Respecto del tema legal, la ley Cerrojo ya había sido modificada en la reapertura del canje 2010 y en 2013, donde se permitía acordar con holdouts a condición de que “los términos y condiciones financieros que se ofrezcan” no fueran “iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores” que habían ingresado a los canjes anteriores. Esa misma obligación es reafirmada en la ley de Pago Soberano, al punto de declararla de “interés público” y tiene sustento en el 5º de los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana de la ONU, votados por 136 países y que Argentina hizo ley propia.

Queda la incógnita de si, aun de derogarse todo ese entramado legal, no podría dar igualmente pie a posibles demandas de parte de los acreedores que ingresaron a los canjes anteriores, al afirmar que el mismo conformó su sustento legal bajo el cual aceptaron la reestructuración conformando su cumplimiento una “responsabilidad de Estado”. También un juez extranjero podría resucitar la RUFO, si entiende que Argentina tan sólo demoró su oferta frente a un fallo que se dictó cuando la cláusula estaba vigente.

Por último, el acuerdo con los buitres habilitaría a emitir deuda en los mercados internacionales. La pregunta central es si ese endeudamiento se utilizará para financiar inversiones productivas que generen capacidad de repago en dólares, o serán el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento insustentable.

@AndresAsiain