El apoyo empresarial al terrorismo de Estado es un dato conocido. La complicidad con la última dictadura está siendo demostrada en Tribunales. La reciente condena a 12 años de prisión a Marcos Levin es el caso más resonante. El Tribunal Oral Federal salteño condenó al propietario de La Veloz del Norte por secuestro y tormentos a un delegado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Levin no es el primer civil condenado por juicios de lesa humanidad. En 2012, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata declaró culpables a dos caracterizados vecinos de la sociedad tandilense. Los hermanos Emilio y Julio Méndez fueron condenados por facilitar una quinta utilizada como centro de detención ilegal del abogado laboralista Carlos Moreno. Más allá de ese antecedente, la sentencia de Levin es la primera que demuestra judicialmente la corresponsabilidad empresaria con el aparato represivo.

La complicidad empresarial con la dictadura no es exclusividad argentina. Por caso, la cúpula empresaria brasileña apoyó activamente el golpe de estado de 1964. La punta de lanza fue la creación, el 29 de noviembre de 1961, del Instituto de Investigación Económica y Social (IPES). La organización estrechó lazos con integrantes de las Fuerzas Armadas y del Opus Dei, en los primeros años, mientras denunciaba la infiltración comunista en el gobierno de Goulart.

En 1963, el IPES ya contaba con el apoyo de 500 grandes empresas y 27 directores (de 36) de la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP). El paso siguiente fue la contratación de personas famosas (periodistas, actores, escritores) para participar en una intensa campaña publicitaria anticomunista.

El menú de actividades desarrollado por el IPES incluyó también el reclutamiento de trabajadores. El Instituto financió proyectos sociales (asistencia social, planes de alfabetización, talleres de oficio, cooperativas de consumo) y cursos de capacitación para líderes sindicales.

La directora del Centro de Estudios Latino-Americanos de la Universidad de Oxford, Leigh Payne, relata en su trabajo Complicidad empresarial en la dictadura brasileña que el empresario Paulo Ayres Filho confesó “que los líderes del IPES identificaban a los trabajadores que podían ser más receptivos a los objetivos del Instituto. Si estaban interesados, el IPES los trasladaba a una casa de campo para participar de un seminario sobre habilidades de liderazgo. Les enseñaban teoría económica ortodoxa, cómo conducir y/o sabotear una reunión, cómo combatir líderes sindicales de izquierda. Después, cada uno identificaba otros trabajadores interesados en participar del programa. Al final de 1964, los representantes del IPES sostenían que la organización ya había entrenado 2.000 trabajadores, muchos de ellos terminaron siendo electos como líderes de sindicatos importantes”.

El entrenamiento incluía la asistencia a cursos dictados por sindicatos afiliados a la central obrera norteamericana AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations). Así, los trabajadores pro patronales se nuclearon en el Movimiento Sindical Democrático bajo el lema “Dios, Propiedad Privada y Libre Empresa”.

Luego del golpe, muchos empresarios financiaron la represión (aportando vehículos, armas e instalaciones) y ayudaron a confeccionar las listas negras de activistas sindicales presos, muertos o desaparecidos.

La participación civil en la Operación Bandeirantes (OBAN), que operó a partir de 1969, fue un caso extremo. Diversos testimonios señalan a Henning Boilesen (ejecutivo de la compañía gasífera Ultragas) como creador de esa organización semiclandestina que asesinó y torturó a opositores políticos.

Payne explica que “Boilesen coordinó el apoyo para la OBAN de la comunidad empresarial, e inclusive participó de sesiones de tortura entre 1969 y 1971. Supuestamente habría recolectado fondos, equipamientos y otros recursos entre las empresas para los centros de tortura y premiar a los torturadores que eliminaban a los líderes “subversivos” considerados peligrosos. Un ejecutivo de una empresa multinacional norteamericana contó que un oficial consular de ese país aconsejaba a la comunidad empresarial financiar sus actividades. Algunas de las empresas multinacionales sospechosas de haber contribuido a la OBAN fueron Nestlé, General Electric, Mercedes Benz, Siemens e Ford”.

Boilesen fue asesinado por un grupo guerrillero en 1971. El debate de estos temas continúa siendo tabú para amplios sectores de la sociedad brasileña. La tarea desarrollada por la Comisión de la Verdad, impulsada por Dilma Rousseff, fue rechazada por el Club Militar (que agrupa a retirados de las tres armas). Por ejemplo, el general retirado Nilton Cerqueira declaró “¿Soy yo, que cumplí la ley, quien violó los derechos humanos? ¿Y los terroristas qué son? ¿Y qué decir de la terrorista que es presidenta del país?”.

En las elecciones de 2014, esos grupos convocaron a votar en contra del PT para terminar con la “sovietización” del Brasil. Como se ve, las fuerzas oscuras del pasado continúan operando en el presente.

[email protected]

@diegorubinzal