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Hace unas semanas Argentina regresó a los mercados financieros internacionales para realizar una masiva colocación de deuda pública. El equipo económico festejo el fin del default y destacó la colocación de 16.500 millones de dólares a un plazo promedio de 10 años y tasa promedio del 7,2 por ciento anual, como la mayor colocación de la historia a la menor tasa. Los grandes medios resaltaron el fin del aislamiento tras 14 años al margen de los mercados financieros internacionales, y los gurúes de la city predijeron un aluvión de inversiones capaz de erradicar hacia fin de año los síntomas de recesión económica.

Comenzando por las comparaciones históricas, está claro que las emisiones de bonos en el marco del plan Brady, el Megacanje o la reestructuración de 2005 implicaron montos muy superiores que, con excepción del Megacanje, fueron colocados a menores tasas. El hecho de que esta emisión no fuera en el marco de una reestructuración, no lo hace más destacable. Por el contrario, como el mismo equipo económico admitió que no se acordó una reestructuración y se decidió pagar al contado a los buitres y demás holdouts con plata prestada, porque exigían tasas aún mayores a las obtenidas mediante la reciente emisión.

Respecto al costo de fondeo, el 7,2 por ciento promedio anual no toma en cuenta el valor llave de acceso a los mercados de deuda: el pago a los buitres y demás holdouts. Ese valor llave de 9500 millones de dólares, implicó que pese a que se emitió deuda por 16.500 millones, sólo 7000 ingresen a la economía mientras que el resto va directo a la cuenta de los fondos buitres y demás holdouts. De esa manera, se pagará el 7,2 por ciento pero sobre una deuda nominal que más que duplica la plata que ingresa al país, por lo que la tasa real sobre los 7000 que nos quedan es más del doble y a eso hay que sumarle las amortizaciones. Haciendo las cuentas, se tendrá que pagar anualmente 1100 millones de intereses y 950 millones para amortizar el capital del pago a los buitres. Es decir 2150 millones de dólares al año para un ingreso de 7000 millones, que da un costo financiero implícito del 30 por ciento aproximadamente (=2150/7000).

Este elevado valor llave de acceso a los mercados de deuda puede diluirse en términos de tasa de fondeo, a medida que crezca el endeudamiento. La actual emisión incrementó en un 30 por ciento la deuda externa que en números redondos era de 50000 millones de dólares hacia fines del año pasado y que en los pocos meses de gestión Pro ya pasó de algo menos del 10 por ciento del PIB a algo más del 20 por efecto de la devaluación y la toma de deuda. La macroeconomía ortodoxa sostiene que la misma puede alcanzar hasta el 40-60 por ciento del PIB sin que la economía explote. Es decir, unos 70-140 mil millones adicionales, que serán llamados “inversiones” aunque se trate de colocaciones financieras.

El gran dilema argentino en materia de endeudamiento externo ha sido la utilización del crédito para generar bonanzas económicas de corto plazo, sin pensar en la capacidad de repago. Ese “populismo financiero” permite adormecer a la sociedad mientras se implementan políticas estructurales a favor de minorías nacionales e internacionales. Cuando la anestesia de la deuda se agota a fuerza de intereses y amortizaciones que crecen de manera exponencial, la sociedad despierta y encuentra una economía al borde de la cesación de pagos, presa de acreedores externos que la someten a sus mandatos a cambio de refinanciaciones que nunca alcanzan para solucionar la crisis, sino tan sólo para extender en el tiempo su dominancia financiera.

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