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Las políticas sociales de los gobiernos populares son estigmatizadas por sectores conservadores. Su costo fiscal suele ser señalado como una carga para el sector productivo y sus beneficiarios tildados de vagos que prefieren las dádivas de la caridad estatal a ganarse el pan con el sudor de la frente.

Paradójicamente, los gobiernos conservadores suelen impulsar políticas de fuertes subsidios hacia actores sociales improductivos, aun a costa de un grave deterioro de las cuentas públicas. Pero los sectores sociales beneficiados por las mismas no son humildes sino, por el contrario, las elites de mayores ingresos tanto nacionales como internacionales.

Los sistemas de subsidios del Estado hacia las elites se instrumentan a través de la deuda pública. La colocación de bonos públicos a elevadas tasas sostiene el ingreso de los estratos más elevados de la sociedad. De esa manera, el liberal sistema financiero obtiene de la “teta” del Estado un flujo importante de ingresos por fuera de cualquier actividad privada productiva.

Semejante política redistributiva se implementa por las amenazas de las elites de implementar un piquete financiero-cambiario a la actividad productiva. De no recibir las dádivas del Estado, desestabilizan la actividad productiva volcando su excedente monetario a la compra de divisas. La consiguiente devaluación de la moneda local acelera la inflación y deteriora el bolsillo de la población y deprime la actividad económica. Cuando el Banco Central anda corto de reservas, la corrida puede terminar en una crisis económica y social de magnitud.

Para evitar esas corridas cambiarias, el Estado sale a sostener el rendimiento interno de las colocaciones financieras a través de la emisión de bonos de deuda pública que pagan elevadas tasas. Un ejemplo de dicha política es la que está implementando en Argentina el nuevo titular del Central mediante la colocación de Lebac. Con el objetivo no declarado de reducir la compra de dólares luego del fin del “cepo”, el organismo acentuó la política de secar de pesos al mercado financiero. Para ello “pide prestado” a los bancos y grandes operadores su dinero, lo guarda en sus arcas sin darle uso y a cambio se compromete a pagarles un interés.

En su breve mandato, Sturzenegger incrementó la emisión de Lebac en un 78 por ciento, alcanzando un monto de 471.597 millones de pesos. De esa manera, el Banco Central toma de los bancos aproximadamente la mitad de los depósitos del sector privado, los guarda en sus pasivos y se compromete a pagar por ellos un 37,5 por ciento anual. El total de intereses a pagar por el BCRA proyectado anualmente representa cerca de 179 mil millones de pesos, más de 4 veces el costo anual de la asignación universal, destinados a subsidiar la rentabilidad del sistema financiero.

De esa enorme masa de renta, los bancos se quedan con más de la mitad, solo por intermediar con plata ajena. Es el premio a la creatividad empresarial de tomar con una mano depósitos a la vista y a plazo pagando el 27 por ciento anual, y darle con la otra al Central la misma plata pero al 38 por ciento. No por nada, los bancos-planeros se guardan de asesorar a sus clientes y señalarles que pueden adquirir por ellos mismos letras del central sin intermediarios.

Esa enorme transferencia de recursos acentúa el rojo en las cuentas públicas. Déficit cuasifiscal es el nombre técnico del agujero fiscal generado por este enorme plan descansar financiero instrumentado por el BCRA.

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