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En los últimos meses, en los despachos oficiales y medios afines, comenzó a circular una novedosa clasificación de los aumentos de los precios: la “inflación núcleo”, también llamada subyacente. El concepto, cuyo origen se remonta a intentos de minimizar el impacto de la suba del petróleo sobre los objetivos de inflación de las bancas centrales a mediados de los setenta, no tiene por el momento una definición precisa en nuestro país.

Por ejemplo, en la reciente modificación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el ministro Alfonso Prat Gay quita la medición de precios de la ciudad de Buenos Aires y deja tan sólo la de San Luis, por representar “más ajustadamente las variaciones de precios subyacentes en la economía nacional”. Los motivos de esa “más ajustada representación”, así como la definición de “precios subyacentes”, no fueron brindados por las nuevas autoridades. Sin embargo, parecen apoyarse en la tradición “morenista” de cargarse a los tenedores de títulos indexados por el CER. La suba de precios de abril fue mayor en Buenos Aires donde impactaron con más fuerza los aumentos de los servicios públicos. Su exclusión en la medición del CER, dio por resultado un menor incremento del coeficiente y de los pagos de títulos atados al mismo.

Por su parte, el Banco Central en su informe monetario de mayo, la define como la evolución de los precios sin tomar en cuenta “alzas transitorias”, ya sea por “motivos estacionales o por cambios de una vez en las tarifas de servicios públicos”, tal como lo refleja el “IPC Resto” de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, en el informe de precios de abril se define al IPC Resto como los precios de una canasta de bienes y servicios, sin considerar “frutas, verduras, ropas exterior, transporte por turismo, alojamiento, excursiones” así cómo los servicios regulados de los que no se precisa su cobertura, pero probablemente incluya la tarifa de gas, agua, electricidad, trasporte público, combustibles, prepagas y cuotas de escuelas.

Semejante nivel de exclusión ya de por sí, muestra lo limitada de la categoría de inflación núcleo. Pero el problema no es sólo de medición, sino también conceptual. Considerar “transitorias” las alzas en las tarifas, combustibles o alimentos, tiene implícita una teoría de la inflación. De acuerdo a ella, la evolución de largo plazo de los precios responde a la evolución de la cantidad de moneda en circulación mientras que, en el corto plazo, dicho movimiento puede ser perturbado por el impacto de subas estacionales de precios o decisiones administrativas sobre precios regulados. Sin embargo, el efecto de esas perturbaciones es transitorio, y no modifican la tendencia de largo plazo de la evolución de los precios que puede seguirse a partir de la inflación núcleo.

Frente a esa visión ortodoxa, la tradición del estructuralismo latinoamericano enseña que los saltos abruptos en el dólar, los combustibles o las tarifas no generan perturbaciones temporales, sino permanentes en la evolución de los precios. La causa es que esas subas abruptas desatan otros incrementos de precios y salarios, que luego vuelven a impactar en otros precios e ingresos y terminan impulsando nuevas subas en el dólar, los combustibles y las tarifas. En esos casos, las subas de “estacionales” y “regulados” terminan siendo incorporadas al “núcleo”, una categoría que sólo sirve para esconder la aceleración de la inflación ante la opinión pública por un par de meses.

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