El organismo elegido por la mayoría de las privatizadas para plantear sus demandas contra el Estado argentino ha sido el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial especializado en resolver controversias entre las partes firmantes de los tratados bilaterales. Argentina adhirió al Ciadi a través de la ley 24.353 sancionada en septiembre de 1994. El procedimiento de arbitraje internacional del Ciadi establece lo siguiente:
1. Si no ha habido declaración expresa en contrario, el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje excluye cualquier otro recurso;
2. se puede recurrir al arbitraje sin exigir el agotamiento previo de las vías administrativas o judiciales nacionales;
3. el Tribunal Arbitral resuelve sobre su propia competencia;
4. el laudo tiene el valor de una sentencia firme dictada por un tribunal del Estado condenado y se ejecuta de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieran en vigor en los tribunales en que dicha ejecución se pretenda. Este punto supone la renuncia a la jurisdicción de los tribunales locales en las controversias sometidas al Ciadi.