En marzo de 2002 la empresa norteamericana Azurix (Enron) abandonó imprevistamente la concesión del servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Buenos Aires. La compañía argumentó incumplimientos contractuales de parte del Estado provincial y lo demandó ante el Ciadi por 556 millones de dólares. De un día para el otro, 620 mil usuarios de 49 distritos de la provincia, entre los que se encuentran La Plata, Florencio Varela y Bahía Blanca, quedaron sin proveedor de un servicio público indispensable. Para resolver la situación, el gobierno provincial declaró la emergencia sanitaria y creó la empresa Aguas Bonaerenses. Una sociedad anónima controlada en un 90 por ciento por el Estado y un 10 por ciento por los trabajadores.
Los representantes de Azurix habían afirmado que sin aumentos de tarifas era imposible prestar el servicio. Sin embargo, Gabriel Aparicio, presidente de Aguas Bonaerenses, afirmó a Cash que, “siendo más eficientes, logramos prestar el servicio y obtener utilidades sin aumento de tarifas”. En los dos años y dos meses de concesión, la empresa estatal elevó los índices de cobrabilidad del 41 al 65 por ciento y obtuvo 106 mil pesos de utilidad en 2002 y cerca de 800 pesos en 2003. En el mismo período habilitó 22 nuevas plantas potabilizadoras, incorporó 3 mil nuevas conexiones y renovó 25 mil metros de la red de agua potable, aunque el porcentaje de familias sin agua potable y cloacas continúa siendo elevado.