La ley de Responsabilidad Fiscal que impulsa el Gobierno es una exigencia del FMI que, llamativamente, ya fue complacida por los legisladores en 1999. En agosto de ese año, el Congreso nacional aprobó la Ley 25.152 de “Convertibilidad Fiscal” que contemplaba una paulatina reducción del déficit hasta su eliminación en el año 2003, la limitación del endeudamiento público, ataba la expansión del gasto al crecimiento del producto y creaba un fondo anticíclico. La iniciativa fue presentada por el entonces diputado duhaldista Jorge Remes Lenicov y se impuso sobre otro proyecto más estricto elaborado por José Manuel de la Sota, que preveía la imposición del “déficit cero” a partir de la entrada en vigor de la norma.
La ley Remes fue promulgada en septiembre de 1999 con algunas modificaciones, entre las que se destacaron la flexibilización de las exigencias para la emisión de deuda pública y la supresión de la inversión pública y el gasto social como opciones a las cuales podría aplicarse el excedente acumulado en el Fondo Anticíclico Fiscal. El dinero sobrante sólo podría destinarse a pagar la deuda externa. La ley fue celebrada por el FMI, el establishment local y el entonces ministro de Economía, Roque Fernández, quien la había impulsado para “dar tranquilidad a los mercados”. Sin embargo, nunca se cumplió.
Las provincias también poseen reglas similares incorporadas en su Constitución y/o en leyes de Responsabilidad Fiscal, de Solvencia Fiscal y de Equilibrio Fiscal. Un informe de la consultora Economía y Regiones que dirige Rogelio Frigerio identifica 10 provincias donde están vigentes normas que regulan ingresos, gastos, equilibrio financiero y deuda, entre otros puntos. La mayoría fueron sancionadas durante el 2000, aunque sólo algunas contemplan sanciones en caso de incumplimiento.