A lo largo y ancho del arco ideológico, los economistas disienten a la hora de identificar los factores que mueven el costo de vida, pero la mayoría coincide con que el panorama actual no lleva a pensar en una espiral inflacionaria para el resto del año. Los ortodoxos veneran el superávit fiscal record que mantiene Lavagna y hacen la venia ante la aspiradora de pesos que prendió el Banco Central. Los heterodoxos tampoco se alarman demasiado por los cuellos de botella en la industria, que por ahora no ven como un apremio. Otros apuntan al poder monopólico de las empresas productoras de alimentos y bebidas, rubro que explicó el 92 por ciento del alza de precios de marzo según el Indec. También se critica los aumentos de sueldos por decreto. Lo cierto es que la inflación volvió amenazante y ya acumula un 4 por ciento en tres meses.

Para enfrentarla, los economistas, según su preferencia, destacan una batería de medidas. El menú es el siguiente:

Acuerdos sectoriales. Son la vía que eligió el Gobierno para intentar frenar las subas en la carne, el pollo, los lácteos y el aceite. Las asociaciones de consumidores los critican porque están limitados a unos pocos productos, porque no se cumplen y porque generaron desabastecimiento en algunos centros de venta. Según un relevamiento efectuado por la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores, entre el 21 de marzo y el 4 de abril pasado, el acuerdo con los frigoríficos permitió frenar los aumentos de los cinco “cortes populares” (asado, carne picada, carnaza común, bife ancho y paleta), pero empujó los valores de otros cortes, como la colita de cuadril o el peceto. Con la leche, el titular de esa entidad, Pedro Busetti, advirtió a Cash que “en las nuevas listas de precios de Sancor y La Serenísima están incluidas las rebajas de la leche por el acuerdo, de 2 centavos, pero hay subas en todos los demás lácteos para recuperar con esa diferencia”.

Contracción monetaria y fiscal. Las primeras luces amarillas en materia de precios llevaron las miradas al Banco Central, que el año pasado impulsó una expansión de la oferta monetaria superior a los 21 mil millones de pesos, a través de sus intervenciones para sostener el valor del dólar. Pero la entidad que preside Martín Redrado no sólo redujo este año sus operaciones en la plaza cambiaria, sino que contrajo la base monetaria 2275 millones de pesos en el primer trimestre. Así esterilizó la inyección de unos 2500 millones de pesos del plan “Navidad feliz” para estatales y jubilados. En los próximos meses, planea subir más las tasas para retirar unos 1600 millones de pesos adicionales. Algunos analistas también advierten que el gasto público creció en 2004 un 28 por ciento nominal contra el año anterior. Pero con un superávit record de 17.361 millones de pesos (3,9 por ciento del PIB) y un gasto público real aún bastante inferior al de 2001, Lavagna no parece dispendioso sino más bien lo contrario. Un superávit permanente implica una fuerte contracción fiscal, que se acentúa estacionalmente en los meses de abril y mayo por los vencimientos de impuestos.

Retenciones. Apuntan a evitar que se traslade al mercado interno los precios de exportación, morigerando el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio. Ante un alza de los precios internacionales de las commodities, en especial alimentos, el Gobierno podría incrementar las retenciones para garantizar el abastecimiento de la demanda local. Pero los productores rurales no sólo protestan contra los impuestos a la exportación, sino que los resisten activamente: según la zona, llegan a subfacturar hasta el 30 por ciento de los precios del ganado mediante la clasificación en categorías de inferior calidad.

Regulación/control de precios. Casi nadie habla de reeditar los controles de precios que implementó en 1973 el entonces ministro José Ber Gelbard, pero las asociaciones de consumidores y algunos analistas reclaman un seguimiento más decidido de los formadores de precios. “Si elproblema son los alimentos, el petróleo y los insumos esto se arregla fijando límites a 30 empresas”, dijo a Cash el diputado Claudio Lozano, economista de la CTA. “El Gobierno tiene a la mano las leyes de Abastecimiento y de Emergencia Económica, que en los hechos permiten un control de precios muy fuerte, pero ha decidido no usarlas”, apuntó Katz. Los detractores de los controles –como Oscar Liberman, de la Fundación Mercado– argumentan que el efecto inmediato de cualquier control centralizado de precios es el mercado negro y el desabastecimiento.

Rebaja de impuestos al consumo. El Gobierno estudió el año pasado varios esquemas de reducción del IVA, incluyendo una ampliación de los regímenes de excepción para la canasta básica. El proyecto no pasó el filtro de Economía, que consideró que la rebaja no llegaría al bolsillo de los consumidores. La alícuota del 21 por ciento que rige en la Argentina sólo es superada por nueve países del mundo, de los cuales la mitad son nórdicos.

Desindexación. Unos pocos analistas advirtieron hasta ahora el impacto sobre la economía real de los instrumentos financieros actualizados por CER. El Central sigue de cerca el tema y ya salió la semana pasada a elevar a un año el plazo mínimo de los plazos fijos ajustados según el CER. De todos modos, los Boden y otros títulos post-default actualizados por inflación son muy superiores a las de las colocaciones privadas indexadas en los bancos, y volverán a crecer cuando se emitan los nuevos bonos surgidos del canje de la deuda.