Además del millonario subsidio en efectivo, las empresas de colectivo reciben gasoil diferencial (cerca de 90 mil cm3 por mes durante 2005), rebajas de ciento por ciento en los peajes y la autorización para seguir circulando con unidades viejas debido a la flexibilización del cronograma de renovación del parque automotor. En 1998 se prorrogó por tres años la continuidad operativa de unidades con diez años de antigüedad. Luego las prórrogas se fueron autorizando cada seis meses en base a revisiones técnicas especiales y en diciembre de 2004 el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, extendió el plazo de renovación de los colectivos hasta 15 años. La última norma, dictada en junio de este año, autoriza a los modelos 1992 a seguir circulando hasta fines de 2007. Así se postergó la incorporación de unidades adaptadas para discapacitados.

Un informe de la Auditoría General de la Nación elaborado en 2004 señaló que ese año apenas el 12 por ciento de las unidades urbanas y semiurbanas estaban adaptadas, pese a que, según la reglamentación de la ley de transporte público accesible, ya debería haber estado cubierto el ciento por ciento del parque. La Auditoría destacó que las resoluciones dictadas por la Secretaría de Transporte propiciaron “el incumplimiento de la normativa nacional referida a la incorporación de unidades adaptadas desvirtuando el mandato del legislador que ordenó garantizar la accesibilidad con autonomía y seguridad de las personas con movilidad y/o comunicación reducida”. Además, la Ley de Emergencia vigente para el sector autorizó a reducir las frecuencias entre 15 y 30 por ciento. Mientras que en el caso de los servicios nocturnos, muchas empresas directamente interrumpen la prestación, aprovechando la pasividad de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.