Domingo, 11 de noviembre de 2007 | Hoy
–En los últimos años, las tarifas de servicios públicos aumentaron para algunos segmentos. ¿Por qué deberían seguir aumentando?
–Hasta ahora ha habido aumentos parciales para intentar compensar los mayores costos generados luego de la devaluación, pero para financiar inversiones la suba debe ser mayor. Por ejemplo, si se juzgan los aumentos utilizando una regla de integración energética con los países del sur de Latinoamérica, se ve que hay precios de gas natural y electricidad que están muy por encima de los que se pagan en la Argentina.
–¿Entonces las empresas no demandan aumentos porque pierden plata sino porque en otros lugares ganan más y quieren ganar lo mismo en el país para empezar a invertir?
–Hay una realidad que no se puede soslayar, pese a los precios deprimidos hubo electricidad y hubo gas. Si se miran los balances de las empresas, se puede ver que no están perdiendo plata. Con esto no quiero decir que lo hecho hasta ahora haya estado bien, pero es una realidad que el sistema funcionó. La pregunta es hasta cuándo se puede seguir adelante sin invertir. Si en 2002 me hubieras preguntado si había que aumentar tarifas, te hubiera respondido que hay una lógica de inversión de largo plazo que justifica que se otorguen cierto tipo de aumentos. Hoy la situación es diferente. No es sólo por seguridad jurídica o para remunerar una inversión realizada. Este año se evidenció una reversión en la capacidad de generación de gas y eso indica que la necesidad de inversión es genuina.
–¿Qué debe hacer el Gobierno frente a los reclamos de mayores aumentos de tarifas?
–Para discutir tarifas hay que realizar una revisión integral del contrato, teniendo en cuenta el desempeño de cada privatizada. La gestión actual no revisó los incumplimientos de gran parte de los concesionarios. Además de los aumentos parciales y los subsidios, esos incumplimientos son los que les permitieron a las empresas reconstruir ganancias operativas. Si no se revisan los incumplimientos, se pierde la oportunidad de replantear condiciones en un segmento que es clave para la economía.
–Las empresas sostienen que los incumplimientos son consecuencia de la violación de contratos que provocó el Estado.
–Cada uno de los contratos ha tenido graves incumplimientos antes de la devaluación, que luego se profundizaron con la excusa del cambio en las reglas de juego, pero en realidad los incumplimientos empezaron antes.
–También afirman que el aumento es necesario para garantizar incentivos de inversión similares a los existentes en otros países.
–Eso responde a una lógica empresaria de maximizar ganancias, pero éste es un servicio público esencial y el Estado debe garantizar adecuados niveles de acceso de la población y calidad del servicio. Lo que hicieron las empresas fue convertir servicios esenciales en nichos de negocios espectaculares durante los ’90 y ahora quieren reeditar la situación.
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