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Por F. K.

La estabilización del dólar, el superávit fiscal y la incipiente reactivación industrial le ha permitido al Gobierno llegar a las elecciones en un contexto de relativa calma. Sin embargo, en el camino quedaron sin resolver un conjunto de cuestiones centrales que le generarán al próximo presidente más de un dolor de cabeza, producto de las presiones ejercidas por los distintos lobbies sectoriales.
n Compensación a los bancos. La pesificación asimétrica le costó al Estado 9500 millones de dólares. En el Ministerio de Economía también se comprometieron a compensar a los bancos por los amparos que se abonaron al tipo de cambio libre y por la diferencia que surge de aplicar el CER para ajustar los depósitos y el CVS para ajustar los créditos. Ambos items representan otros 3500 millones de dólares. En un principio se especuló con que serían abonados con Boden 2012, pero finalmente Duhalde decidió que la compensación se fije por ley. Una manera elegante de traspasar el problema al próximo gobierno. Si el fallo redolarizador de la Corte Suprema se extiende a todos los depósitos reprogramados (cedros), el Gobierno también podría hacerse cargo de 3283 millones de dólares que surgen de la diferencia entre los cedros con CER (5577 millones de dólares) y el valor original de los depósitos que aún permanecen en el corralón (8860 millones de dólares). Para que no digan que le dejó todo al próximo gobierno, Duhalde anunció la última semana el levantamiento del corralón. Sin embargo, todo indica que será el futuro presidente quien deberá lidiar con las consecuencias de una posible redolarización porque se especula con que los depositantes dejarán el dinero en los bancos a la espera del fallo de la Corte.
n Revisión de contratos de las privatizadas. El Gobierno creó en febrero de 2002 una comisión para renegociar los contratos de servicio público. La tarea debía durar 180 días, pero todavía no concluyó. Cuando el ministro Roberto Lavagna comprendió que sería imposible renegociar los contratos en los tiempos estipulados, decidió avanzar por fuera de la comisión con el aumento de algunas tarifas, pero la Justicia frenó las subas en dos oportunidades. El próximo gobierno deberá buscar una resolución rápida porque el 10 de diciembre de 2003 vence el plazo fijado por la Ley de Emergencia Económica para acordar nuevas reglas de juego.
n Deuda pública. El Estado argentino se encuentra en default con los tenedores de bonos desde hace 16 meses. En ese lapso la deuda pública siguió creciendo debido a las compensaciones otorgadas al sistema bancario por lo que se calcula que el nivel de endeudamiento podría llegar a los 180.000 millones de dólares. Los distintos candidatos afirmaron que gestionarán una quita importante de la deuda, pero hasta el momento no se entabló ninguna negociación.
n Pobreza. La caótica salida de la convertibilidad hizo que el número de pobres trepara hasta alcanzar el record de 19.678.000 personas, de los cuales 9.411.000 sobreviven en la indigencia. El Gobierno implementó el Plan Jefas y Jefes de Hogar para tratar de paliar la situación, pero la pobreza continuó en niveles altísimos producto no sólo de la desocupación, sino también de la licuación de salarios generada por la inflación. Loscandidatos se comprometieron a generar empleo y recomponer salarios, pero resulta difícil saber cómo harán para lograrlo.