Por F. K.

La inversión pública en infraestructura y vivienda es una asignatura pendiente del Estado que se ha visto potenciada en los últimos cuatro años debido a las innumerables promesas incumplidas.
A mediados de 1998, cuando el entonces presidente Carlos Menem aún soñaba con la re-reelección anunció un plan de obras que incluía la construcción de 10 mil kilómetros de autopistas financiadas con un impuesto al combustible. La polémica iniciativa hubiera dado trabajo a 80 mil personas, pero nunca se concretó.
Cuando Fernando de la Rúa asumió la Presidencia en diciembre de 1999 lo primero que hizo fue crear el Ministerio de Infraestructura y Vivienda con la promesa de llevar adelante un plan de obras para reactivar la economía. En julio de 2000 el entonces ministro Nicolás Gallo anunció un Plan de Infraestructura que contemplaba una inversión de 20.500 millones de pesos hasta el 2005 para realizar 2600 obras a través de un fondo fiduciario garantizado con bienes y terrenos del Estado. El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para que lo ratifique por ley, pero allí permaneció varios meses sin definición porque los legisladores se negaron a darles prioridad a las empresas nacionales en las licitaciones públicas. Finalmente, en noviembre el plan fue aprobado en Diputados, pero antes de llegar a Senadores, De la Rúa decidió lanzarlo por decreto el 29 de diciembre de 2000. Durante los meses siguientes los funcionarios e integrantes del sector se dedicaron a discutir la reglamentación sin mayores avances hasta que en marzo de 2000 la crisis económica se agudizó y el ministro de Economía José Luis Machinea fue reemplazado de su cargo. En abril de 2001, el plan volvió a relanzarse, esta vez con Domingo Cavallo como ministro, pero su aplicación se demoró una vez más. Un nuevo relanzamiento del mismo Plan de Infraestructura llegó durante la segunda quincena de julio para tratar de atenuar el ajuste lanzado de la mano de la promesa de déficit cero, pero la economía ya iba directo al estallido que terminó con el gobierno de la Alianza.
Luego del parate generado por el corralito, la devaluación y el default, el gobierno de Eduardo Duhalde volvió a prometer, ya con Lavagna como ministro de Economía, un plan de obras públicas por más de 1200 millones de pesos destinado a obras viales e hídricas, terminación de 57 mil viviendas y trabajos municipales vinculados a la reparación de escuelas, centros asistenciales y calles. Sin embargo, la situación no se modificó. Con el reciente anunció de los 6000 millones disponibles para obras públicas y los primeros llamados a licitación el presidente Néstor Kirchner aportó su granito de arena a la interminable lista de promesas. Ahora queda por ver si las obras se concretan.