Ayer iba a ser el Día D. Pero, como suele suceder, no lo fue. A la tarde se reunían el secretario de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad, Andrés Ibarra, y Rodolfo Arrechea, el secretario general de la regional Capital de ATE, uno de los gremios con representación en el Teatro Colón y el que encabezó las medidas de fuerza que derivaron en un cese de actividades por parte de las dos orquestas del teatro. La Estable y la Filarmónica llevaban más de seis meses de paro, hasta que la semana pasada suspendieron su protesta por 72 horas, como gesto tendiente a mostrar buena voluntad frente a la mencionada reunión.

La cumbre terminó. Primero salió Arrechea y dijo una cosa. Y al rato salió el ex gerente de Boca Jrs., ahora convertido en autoridad laboral de la Ciudad, y dijo casi lo contrario. Para el primero, el gobierno había cedido en todo. Para el segundo, en nada. Mañana se firmará un acta, aunque aún no se sepa con certeza con cuál de las dos versiones se corresponderá. Y hoy al mediodía habrá una nueva asamblea de los músicos, para decidir sus próximos pasos.

El núcleo de la discusión en sí tiene que ver con el desfasaje entre los sueldos de las orquestas y el de otras agrupaciones similares dependientes de otras jurisdicciones, como la Sinfónica Nacional o la Estable del Teatro Argentino de La Plata, que cobran aproximadamente un 40 por ciento más que las empleadas por el gobierno porteño. Pero, más allá de la cuestión salarial –y de la exigencia de que ATE forme parte de las discusiones paritarias–, hubo una serie de acciones punitivas encaradas por la dirección del Teatro Colón y de cuyo desistimiento depende que los músicos mantengan su intención de negociar. En orden de aparición, dichas medidas fueron el proceso sumarial, con suspensión y prohibición del ingreso al lugar de trabajo, para varios de los participantes en la asamblea que decidió el paro, con una posterior recomendación del procurador de la Ciudad para que fueran cesanteados; la demanda a los ocho delegados por una cifra correspondiente a 55 millones de pesos, correspondientes a los daños económicos provocados por las suspensiones de funciones del año pasado y por un cálculo estimativo de las pérdidas que podría provocar en 2011; el descuento de los haberes correspondientes al período de huelga y el despido de 41 músicos, integrantes de ambas orquestas.

En este último caso, el argumento oficial fue que no se trataba de despidos sino, simplemente, de contratos que no habían sido renovados ante la falta de necesidad, dado que no había conciertos. Pero, en rigor, el hecho de que estos músicos tuvieran contratos de locación de obra habla de un vicio administrativo y no de otra cosa, ya que sus tareas no eran eventuales y habían concursado sus puestos, en algunos casos de solistas, hace más de un año. Arrechea aseguró que los despedidos serían recontratados, que los salarios descontados se restituirían, que la demanda millonaria sería desestimada y que se formaría una comisión especial para estudiar el caso de los sumariados. Ibarra, en cambio, resumió lo conversado de una manera bien distinta: “La restitución de lo descontado es materia de negociación; los músicos serán recontratados en la medida en que las necesidades artísticas así lo determinen y la demanda está en la Justicia y será ella la que dictamine”.

Puede tratarse de simple esquizofrenia. O, más probablemente, de estrategia comunicacional. Es posible que el gobierno esté más dispuesto a negociar en secreto que a admitirlo en público. Para los planes electivos de Mauricio Macri sería contraproducente aparecer cediendo a las exigencias de los huelguistas e, independientemente de lo que se conceda en la negociación, se buscará mantener la imagen de inflexibilidad que, se supone, seduce a su electorado.