En uno de los salones de la Embajada de Bolivia, el hombre que está protagonizando uno de los acontecimientos históricos más relevantes de su país da apretones de manos cordiales y cálidos. Pablo Groux, flamante ministro de Culturas a los 40 años, tiene una campera de cuero negra, orgullosa y al mismo tiempo fatigada, como la de un sindicalista que puso el cuerpo en muchas movilizaciones. Licenciado en Ciencia Política, escritor y fotógrafo, su pasión por la política no se engendró en la lucha sindical. Viene de antes de la irrupción de Evo Morales, de su trabajo en la gestión cultural junto al alcalde de La Paz, Juan Del Granado, fundador del Movimiento Sin Miedo (MSM), desde 2005 aliado del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente.

Evo y Groux lo hicieron. Es una reparación necesaria, aunque se sepa que no sea suficiente, un acontecimiento, un hecho histórico. Juntos, a la par de la Nueva Constitución Política del Estado, promulgada el pasado 7 de febrero, crearon por primera vez el Ministerio de Culturas, que tendrá dos viceministerios: el de Descolonización y el de Interculturalidad. La letra s, que pluraliza una cultura monopolizada por las “bellas artes blancas”, anticipa un combate frontal contra el racismo y la discriminación. “Tenemos un Estado nuevo que le da valor a la cultura”, resume el primer ministro de Culturas de Bolivia con una entonación que se precipita de la voz baja al susurro, recién llegado a Buenos Aires para participar del XVI Foro de Ministros de Cultura y Encargados de Políticas Culturales de América Latina y el Caribe, que terminó ayer.

–¿Cómo se puede paliar esos extremos entre la Bolivia blanca y la Bolivia indígena?

–A partir de un reconocimiento y valoración de las proporciones y dimensiones de ambas. Bolivia tiene un 64 por ciento de su población indígena, aymara y quechua, un gran porcentaje de población mestiza y un mínimo que se podría definir como étnicamente blanca. Ese pequeño núcleo de ciudadanos ha sido el que ha ido acaparando el poder político y el económico. Esto fue generando una crisis que podría haber acabado con una Bolivia unida. Hace un año hablábamos del serio riesgo que significaba para el país una segregación. Hoy estamos hablando de una oportunidad. Es posible vincular ambos extremos, lo ha sido siempre, pero reconozcamos el peso específico de cada porción de la sociedad. Bolivia es un país indígena; si no partimos de ese reconocimiento, de esa visión, no vamos a poder encarar los problemas.

–¿Cómo explica esta idea de unidad en el contexto reciente de reclamos por las autonomías regionales?

–La noción de autonomía es específicamente administrativa: cómo nos administramos a nivel de cada región. Esa era la aspiración histórica de la autonomía, que en esta nueva Constitución se la recoge y se la incorpora. Y se reconoce el hecho de que cada provincia, cada departamento, tiene la posibilidad y la obligación de administrar sus propios recursos. Esa autonomía no puede afectar la unidad del conjunto de los bolivianos y bolivianas. La trampa estuvo en el hecho de querer condicionar ese escenario administrativo a una relación social. Lo peligroso fue que bajo el discurso de una autonomía administrativa se escondía el racismo, la discriminación, el menosprecio por el otro, apoyado lamentablemente por un gigantesco aparato mediático institucionalizado que nos ha ido socavando las raíces más íntimas de la unidad política.

–Uno de los problemas que deberá enfrentar es que el libro es caro para el sueldo promedio de un boliviano, por eso se ha “legalizado” la piratería. ¿Qué piensa hacer en este terreno?

–Lo primero que tenemos que hacer es darle el marco normativo a algo en lo que hemos sido muy irrespetuosos: el derecho de autor. El problema no es sólo de los escritores o de las editoriales. El problema es de los discos, del software, de los videos. Al no existir un antecedente legal de respeto a los derechos de autor, hay un escenario fértil para la piratería. Tenemos que desarrollar verdaderamente las industrias culturales.

–La piratería es una característica cultural de Bolivia. Por más que se establezcan reglas claras, no va a ser fácil desterrar esta cultura tan arraigada.

–Sí, sin duda. Pero he visto problemas de piratería más serios en Perú y en Colombia. De hecho, toda la producción de material audiovisual e impreso que anda circulando por Bolivia viene de Colombia y de Perú, donde se han desarrollado verdaderas industrias. Los escritores y los poetas se quejan porque no hay librerías que les acepten consignaciones para vender legalmente sus libros. Un escritor quiere que lo lean. La posibilidad de que los artistas tengan un acceso a sus públicos, a sus mercados, es posible generarla de una manera formal y acompañada por el Estado. Si se formalizan los procesos de pagos de derecho, ese escritor no sólo va a ser leído, sino que va a ser reconocido. Esto es posible y no es el mayor de los problemas porque no tenemos un García Márquez (risas). Se dice que García Márquez sería un escritor costumbrista en Bolivia.

–¿Le piratearon alguno de sus libros?

–No, porque mi producción ha estado basada en circuitos más pequeños, de manera casi artesanal. Me gusta mucho la literatura, pero me apasiona más la política. Mi obligación ahora es producir gestión pública. El problema no es quién escribe, sino cuántos leen.

–¿Qué dicen las estadísticas que maneja sobre cuántos leen en su país?

–Bolivia se declaró libre de analfabetismo en diciembre de 2008, lo que no significa que sea una sociedad que esté habituada a la lectura. El promedio de libros leídos es dos al año, que contrasta sustancialmente con lo que se lee en la Argentina. No teníamos una demanda, había que generarla. Ahora creo que las cosas se van presentando de manera mucho más articulada. Hay gente que puede leer y hay escritores que pueden producir, hay un escenario institucional estatal que puede darles las condiciones a unos y a otros.

–Aunque la Unesco recomienda que el presupuesto destinado a Cultura debería ser el uno por ciento del Producto Bruto Interno, los países de la región están lejos de alcanzar ese piso. ¿Con qué presupuesto cuenta en el ministerio?

–Ni siquiera economías como la brasileña, la chilena o la argentina han llegado a esa meta. Este es un ministerio que puede estar manejando alrededor de unos 15 millones de dólares al año en proyectos financiados por el Estado y por organismos de cooperación internacional. Hasta donde yo sé, el número no existe. No he visto un ocho creciendo en una pradera o un cinco nadando en un río. No es ni debe ser el principal problema, especialmente en cultura. Lo que está buscando el sistema financiero mundial es ideas, y si nosotros no somos capaces de acceder a esas ideas, definiendo los conceptos claramente, los números estarán por ahí pero no significarán nada.