Frances Lim tiene 72 años, vive en California y es uno de los tantos usuarios que se vieron obligados a pasar de la televisión analógica a la digital. “Ha sido una pesadilla y es muy, muy molesto. No tenemos dinero para el satélite y estábamos muy contentos con los pocos canales que captábamos. Por suerte, mi nieto me ayudó, pero sigo aprendiendo a usar el nuevo control remoto”, cuenta la señora frente al ladrillo con botones. El pase obligado tiene que ver con un convenio del gobierno estadounidense con varias compañías de celulares por miles de millones de dólares para destrabar el espectro de frecuencias en el que convergen la televisión de aire, los teléfonos móviles de nueva generación y los mensajes de radio de emergencia. Y hoy vence el plazo que el Estado les otorgó a sus ciudadanos para conseguir una nueva antena: a la medianoche, la señal analógica será interrumpida y la emisión será recibida sólo a través de la flanera que proveen las compañías de televisión digital. Un vez más, el salto tecnológico pasará por arriba a los que menos recursos tienen: los críticos de esta actualización señalan que los pobres serán los que paguen el precio del progreso, ya que para hacerse del servicio tendrán que suscribirse a un costoso servicio de cable o satélite o comprar los convertidores para la televisión digital. Un trabajo realizado por el grupo de comercio industrial DTV Across America arrojó que entre 20 y 30 millones de hogares necesitarán una transición al nuevo sistema. Consciente de ello, el gobierno estadounidense gastó más de dos mil millones de dólares en un programa de vales: por 40 dólares un hogar puede tener los convertidores. Pese a una campaña masiva de información y el retraso de tres meses en la fecha de cambio de un sistema al otro (estaba pautado para fines de febrero), se cree que hay millones de hogares que no han adquirido los aparatos y perderán por completo la señal cuando la emisión analógica pase a ser historia. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Michael Copps, señaló que el impacto será mayor en las familias pobres, los discapacitados y los ancianos.