Mucha gente, bombos con el logo de Musimundo y la recreación –¿legal?– de un tema de Los Auténticos Decadentes que desde los parlantes repetía: “Oh, son los piratas/ nos roban el trabajo/ nos roban la esperanza”. Así fue la previa del acto organizado ayer por la Unión Argentina Contra la Piratería (Uacpi) para difundir una declaración que suscribieron entidades gremiales, empresariales, de gestión y académicas. El encuentro en el Cine Gaumont (Espacio Incaa), definido como “fundacional” por los participantes, marcó una nueva tendencia en lo que a la polémica sobre propiedad intelectual se refiere, al poner énfasis sobre la necesidad de perseguir a las “organizaciones delictivas” antes que a los consumidores de a pie.

La Uacpi está integrada por instituciones de toda la cadena productiva de las industrias culturales. Muy serio, Osvaldo Moreno –secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de Sociedades de Autores y Afines (UTSA)–- procedió a leer la “Declaración contra la tolerancia del comercio ilegal pirata”. En el texto se afirma que el video hogareño, las disquerías y el cine están en peligro de desaparecer, al tiempo que se destaca la dificultad de competir con “personas que hacen de las actividades delictivas su modo de vida, venden medicamentos truchos, otros productos adulterados nocivos para la salud o la seguridad y cometen muchos otros delitos contra las personas o los bienes”. De acuerdo con datos difundidos en la reunión, hoy el mercado negro “factura más dinero que el comercio legal, mueve sólo en DVD unos setecientos millones de pesos anuales, ocupa el 80 por ciento del mercado y amenaza a 25 mil puestos de trabajo”.

El eje, entonces, estuvo en denunciar la industria paralela que se habría montado por fuera de cualquier control, “ante los ojos de gobernantes, legisladores, jueces y funcionarios de todos los ámbitos: nacional, provincial y municipal”. En tal sentido, varios oradores reconocieron que “los pichis” que ofrecen mercadería en la vereda representan sólo el apéndice más visible del problema, puesto que trabajan bajo un régimen casi esclavista y no son los principales responsables. Asimismo, el documento recalca que “la venta ilegal ha dejado de ser una actividad para sobrevivir (...) y está en manos de organizaciones delictivas”. A criterio del sector, esa realidad estaría estrechamente vinculada con el aumento en las importaciones de DVD vírgenes, que este año sextuplicaron las cifras de 2005.

Los guarismos son un retrato de época. Se cierran seis videoclubes por mes y algo muy parecido estaría ocurriendo con las disquerías. De ahí que se reclame combatir la venta irregular “tanto en su forma callejera como en sus manifestaciones de uso comercial de contenidos en Internet y las ventas ambulantes en empresas y organizaciones, porque son expresión de una acción empresarial corporativa y delictiva que se enriquece ilícitamente de la creación y de la labor de autores, artistas, trabajadores y empresarios, de la evasión de impuestos, cargas laborales y del uso violento del espacio público”.

Las entidades agradecieron a la Comisión de Cultura de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por haber hecho una declaración contra el comercio ilegal pirata a principios de octubre. Por otra parte, hicieron llegar su adhesión el diputado del Frente para la Victoria Julio Piumato, los músicos Susana Rinaldi y Atilio Stampone, el dramaturgo Tito Cossa y el realizador cinematográfico Carlos Sorín. Leopoldo Federico, en cambio, asistió personalmente, al igual que Juan José Campanella.

El director de El secreto de sus ojos desplegó su propio mapa de situación. “La clave no está en la represión. Hay que sumar un cambio en el modelo de negocios. Lo que este asunto tiene de bueno desde un punto de vista capitalista es que se origina una ‘destrucción creativa’. Hay ciertos métodos de comercialización que van a tener que desaparecer, y los precios tendrán que bajar. En ese sentido, este contexto puede tener efectos beneficiosos”, dijo. Y si bien reconoció que “no todos tienen responsabilidades iguales”, exigió más rigor hacia los que ganan dinero a partir de las copias. “Un tipo que le graba un DVD a un amigo obviamente no tiene el mismo grado de responsabilidad que una persona que carga masivamente en un sitio y pide suscripción y número de tarjetas de crédito para descargar películas ilegalmente”, diferenció.

Desde su fundación hace casi un año, la Uacpi viene concretando acciones para beneficiar los intereses de firmas vinculadas con la industria cultural, entre las cuales se cuentan pequeñas y medianas empresas. “El noventa por ciento de los ingresos del mercado legal queda en el país, no en ninguna megacorporación extranjera”, aseguran los involucrados. Respondieron a la convocatoria el Sindicato Unico de Trabajadores de Espectáculos Públicos (Sutep), la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) y la Cátedra Unesco de Derecho de Autores y Conexos de la Facultad de Derecho de la UBA, entre otros.